“…Este marco político encargado de incluir en los contratos las prioridades de las agendas políticas, debe dotar al sector público de mecanismos que permitan medir y valorar si la contratación pública ha logrado los objetivos pretendidos (Grossi y Stecollini, 2014). Así, esta responsabilidad del sector público en su proceso de compra, según Fox y Morris (2015, p. 517) es sinónimo de "rendición de cuentas", de "control" y de "capacidad de respuesta", necesaria para que el sector público cumpla sus funciones de una compra pública responsable/sostenible en este escenario de vulnerabilidad provocada por la dependencia que tiene del sector privado para llevarlas a efecto (Tapoten, 2017). En relación con la inclusión de criterios que van más allá de la eficiencia económica,…”