En los últimos meses del año 2019, Chile y Bolivia fueron el escenario de distintas manifestaciones ciudadanas que culminaron con la crisis de sus instituciones políticas. En el primer caso, a partir del insostenible clima político, se planteó una nueva Constitución, mientras que el segundo derivó en un golpe de Estado. Sostenemos que estos acontecimientos deben su origen, en parte, a la mala praxis estatal en la administración de los recursos naturales al hacerlos una parte fundamental para el desarrollo económico de ambos países al convertir a sus economías en dependientes de una canasta exportadora de commodities, las performances son excesivamente vulnerables a shocks externos. Ninguno de los escenarios ha cambiado en términos económicos, y políticamente aún mantienen su inestabilidad.