En el ciclo de las audiencias preliminares consagradas en la ley 906 de 2004, el legislador estableció que, después de llevar a cabo las dos primeras (legalización de captura y formulación de imputación), en la tercera, para decidir sobre la imposición de la medida de aseguramiento previa, el juez deberá satisfacer un grado de conocimiento de los hechos denominado Inferencia Razonable. Sin embargo, hasta el momento, la ley no ha determinado de manera precisa cómo se debe alcanzar este umbral de suficiencia probatoria, lo que ha llevado a numerosos errores judiciales, afectando directamente garantías legales y constitucionales (in itinere). Por este motivo, el propósito de esta investigación es posibilitar la construcción de un esquema probatorio y argumentativo que sirva como parámetro epistemológico para alcanzar el umbral requerido. Para lograrlo, se utilizarán las obras de Jordi Ferrer Beltrán y Stephen Toulmin como apoyo. El análisis resultante contribuirá a limitar de forma racional la aplicación de dicha medida, garantizando así la plena satisfacción de los derechos y libertades de los ciudadanos. Esta justificación respalda la necesidad apremiante de llevar a cabo una reforma legislativa en el estatuto procesal penal vigente, con la intención de establecer un verdadero estándar probatorio funcional y coherente. De esta manera, el juez dispondría de fundamentos objetivos para tomar decisiones acerca de la imposición de la medida restrictiva de la libertad. Todo este proceso se llevará a cabo mediante una metodología de investigación cualitativa y descriptiva, respaldada principalmente por un análisis exhaustivo de fuentes doctrinales.