Reconociendo su importancia, el derecho a una buena administración pública fue consagrado por primera vez en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En Chile, si bien este derecho no ha sido reconocido de forma explícita, la sistematización de nuestro ordenamiento jurídico y del derecho administrativo en particular, permite reconocer los principios que lo conforman, los cuales han sido aplicados ampliamente por la jurisprudencia tanto administrativa como judicial. En este sentido, resulta interesante analizar dos sentencias recientes de la Corte Suprema que parecen reconocer, de forma casi explícita, este derecho a una buena administración.