La Tutela Judicial Efectiva Y El Debido Proceso en La Prisión Preventiva

Abstract

El estallido de violencia en las cárceles del Ecuador durante los últimos años merece unanálisis de sus detonantes a fin de buscar estrategias encaminadas a regular la prisiónpreventiva. En este contexto, el propósito del trabajo investigativo fue analizar el principiode celeridad procesal en causas de prisión preventiva, mediante revisión de sentencias deTribunal Primero de Garantías Penales del Cañar, a fin de determinar su incidencia en elderecho de tutela judicial efectiva y el debido proceso. El tipo de investigación fue mixto,toda vez que, incluye datos estadísticos sobre el número de procesos con prisión preventivaen el Tribunal Primero, su aplicación y tiempo de duración; así como, análisis, descripción einterpretación de leyes, doctrina y jurisprudencia sobre el fenómeno. Los métodos utilizadosfueron el dogmático, inductivo-deductivo y el analítico-sintético; además se revisaron lasbases de datos científicas y se analizaron las sentencias penales de los períodos 2019, 2020y 2021 del mencionado Tribunal. Se obtiene como resultado a que la prisión preventiva es lamedida cautelar más aplicada y en muchos casos, obviando el plazo de duración, vulnerandoel derecho de tutela efectiva, el debido proceso, la seguridad jurídica, la presunción deinocencia, los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y provisionalidad. En elTribunal Penal también se evidencia un abuso de la prisión preventiva en el periodo 2019,no así en el plazo de duración, con un promedio de 5 meses.

Las pruebas de confianza “POLIGRAFO” son o no legales y que influencia tienen en la desvinculación de servidores policiales en el Ecuador.

“…Concluye al respecto, que, si se produce una vulneración al debido proceso, en cuanto a las reglas de tutela judicial efectiva, principio de inocencia, principio de contradicción, legítima defensa, entre otros. En cuanto al debido proceso Mendoza (2016) refiere "tiene una equivalencia de garantía establecida para proteger a los justiciables" en el sentido que la función del debido proceso "es proteger a los ciudadanos del abuso de las ilegalidades que pudiere cometer un funcionario o un órgano estatal que mal o bien actúan en nombre de una función pública, haciendo mal uso del poder y de su autoridad" y cita al tratadista ecuatoriano Dr. Jorge Zabala Egas, para sostener que "Las garantías básicas expresadas de la tutela judicial efectiva y el debido proceso constantes en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador, a la hora de aplicarlas se convierten en una utopía". En tanto que la presunción de inocencia según ha determinado en su jurisprudencia la Corte Constitucional de Ecuador "no es absoluta, ya que mediante actos procesales se aportará elementos que desvirtúen esa inocencia y estará a cargo de los órganos judiciales demostrar la responsabilidad de una persona, ya que la inocencia no debe ser demostrada, pues esta existe per sé y es por eso que este derecho se ve directamente ligado con el derecho a la defensa".…”