Las disputas por los bienes comunes y su impacto en la apropiación de servicios ecosistémicos. La Ley de Protección de Bosques Nativos, en la Provincia de Córdoba, Argentina

Abstract

Las disputas por los bienes comunes y su impacto en la apropiación de servicios ecosistémicos. La Ley de Protección deBosques Nativos, en la Provincia de Córdoba, Argentina D���� A. C����� * � D����� M. C������ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Ciencias Agropecuarias, UniversidadNacional de Córdoba. RESUMEN.A partir de las cuatro categorías que regulan la propiedad, el acceso y la apropiación de los bienes naturales (i.e., privada, estatal, libre, y comunal), el presente trabajo busca analizar cómo la aprobación de una ley que propone conservar el bosque nativo i) genera procesos de cercamiento de bienes comunes, y ii) impacta de manera diferencial sobre distintos actores sociales. La utilización de técnicas cuantitativas y cualitativas, y la combinación de distintas fuentes de información (i.e., entrevistas a distintos actores sociales, medios masivos de comunicación, documentos gubernamentales) permitió analizar los impactos sociales de la implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial para los Bosques Nativos, en la Provincia de Córdoba (Argentina). Los resultados sugieren que la nueva ley prioriza la idea de propiedad privada por sobre las normas consuetudinarias, los arreglos locales y el acceso flexible a los servicios ecosistémicos, propios de la lógica productiva campesina. Los productores capitalizados, con mayor poder económico y político, disponen de mecanismos que les permiten atenuar los efectos restrictivos del nuevo régimen legal y están mejor posicionados para recibir compensaciones monetarias de parte del Estado. Así se generan nuevas condiciones sociales que se traducen en nuevos procesos de exclusión social y en asimetrías económicas entre los productores que operan en un mismo territorio. Son los más vulnerables y con menos poder económico y político (i.e., los campesinos), y los más perjudicados en el nuevo escenario emergente. En un mundo globalizado donde domina la lógica económica de mercado, los ecosistemas nativos están sujetos a una lógica extractivista que prioriza la rentabilidad de corto plazo. Esto genera costos ambientales y sociales elevados. El Estado tiene la responsabilidad de proteger estos ecosistemas a fin de garantizar el bienestar común, pero toda legislación ambiental nueva también debe evaluar sus posibles impactos socioeconómicos.[Palabras clave: exclusión, legislación ambiental, cercamientos, green grabbing]ABSTRACT. Disputes over common goods and its impact on the appropriation of ecosystem services. The Law for Protection of Native Forests, in the Province of Córdoba, Argentina. Drawing upon the four categories that regulate property, access and appropriation of economic goods (i.e., private, public, open access, and common), this paper aims to analyze how the approval of a law that fosters the conservation of native forests a) promotes the enclosure of common goods, and b) causes different impacts among social actors. By using both quantitative and qualitative methodologies and combining different information so...

¿Cuál es la situación de la Ley de Bosques en la Región Chaqueña a diez años de su sanción? Revisar su pasado para discutir su futuro

“…Aunque en algunas provincias haya tenido lugar una participación activa de la ciudadanía, eso no implicó que sus opiniones fueran tomadas en cuenta en las versiones finales de los OTBN (Silvetti et al 2013;Seghezzo et al 2011). Esto se debió a diversas pujas de poder entre los diferentes actores sociales y a la capacidad diferencial que tuvieron para influir en la toma de decisiones (Cabrol and Cáceres 2017;Cáceres et al 2016;Langbehn 2015;Schmidt 2013). Si bien el diseño de los OTBN habilitó la discusión entre diversos actores sociales, y prescribió la generación de ámbitos para que ocurra, no pudo pasar por alto las relaciones de poder al interior de las provincias (Seghezzo et al 2011).…”

“…Aun así, esta medida paliativa no benefició a todos los pequeños productores. Por ejemplo, en Córdoba, la clasificación de sus tierras en la Categoría II trajo aparejadas dificultades para comercializar los productos forestales que obtienen de sus actividades tradicionales (Cabrol and Cáceres 2017). En definitiva, los OTBN de las diferentes provincias encontraron dificultades para lidiar con los conflictos por la tenencia de la tierra, lo cual pone de evidencia que el instrumento no fue diseñado para abordar la compleja situación en torno a la tenencia de la tierra en la Región Chaqueña.…”

“…En forma similar, inicialmente el Fondo no contempló la existencia de una gran cantidad de familias y comunidades que usan los bosques nativos bajo formas precarias de tenencia. En un primer momento, sólo personas que eran "titulares de derechos reales de uso, goce o disposición" podían ser beneficiarias del mismo, mediante la presentación y ejecución de planes de manejo o conservación sobre el bosque nativo (Cabrol and Cáceres 2017). En 2014, esta limitación hizo que sólo 0.7% de los beneficiarios del Fondo fueran comunidades indígenas o campesinas (material suplementario 2).…”

“…No obstante, en Córdoba, la organización social mostró ser un canal alternativo para afrontar los costos asociados a la asistencia técnica para presentar planes. Las comunidades organizadas en movimientos sociales fueron aquellas con mayor acceso al Fondo (Cabrol and Cáceres 2017) 4. Los criterios de sustentabilidad ambiental han sido abordados de forma parcial y disímil entre provincias, y los procedimientos de zonificación utilizados por cada una de éstas no han sido fundamentados ni explicitados.…”

“…A su vez, además de los mecanismos de contralor y de los esfuerzos de fiscalización, es importante el papel que cumple la corrupción por parte de funcionarios provinciales. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Córdoba, el mal desempeño de funcionarios encargados de autorizar y controlar la deforestación y de sancionar a aquellos que lo hacen ilegalmente, derivaron en la renuncia de funcionarios de alta jerarquía (Cabrol and Cáceres 2017). La Autoridad Nacional de Aplicación desarrolló un sistema de fiscalización de planes de manejo sostenible financiados por la Ley.…”