Las nuevas regulaciones a la inversión extranjera directa: El retorno de la Doctrina Calvo

Abstract

Las Empresas Trasnacionales, a los fines de realizar Inversiones Extranjeras Directas (IED) hacia América Latina en las décadas de 1980 y 1990, requirieron un marco legal que acotara el poder regulatorio de los gobiernos para proteger sus capitales. Este nuevo esquema regulatorio aceleró el abandono de la Doctrina Calvo por parte de la región. La Doctrina Calvo sostiene con claridad dos conceptos bien diferenciados: I) Los Estados soberanos gozan del derecho de estar libres de cualquier forma de interferencia por parte de otros Estados; II) Los extranjeros gozan de los mismos derechos que los nacionales y, en caso de pleitos o reclamaciones, tendrán la obligación de recurrir ante los tribunales locales sin pedir la protección e intervención diplomática de su país de origen. Algunos Estados como Bolivia y Ecuador, iniciaron tanto de manera unilateral como desde los procesos de integración regional como UNASUR la búsqueda de nuevas alternativas a la regulación de la IED. La nueva regulación a la IED por parte de Ecuador ocurre en un contexto más amplio de visión y estrategia de política económica, que comenzó a plasmarse con el gobierno de Rafael Correa. Con la reforma de la Constitución Nacional del año 2008 se va a estructurar una nueva arquitectura tanto institucional como práctica en cuanto a la relación Estado – Economía - Relaciones Internacionales. La regulación a la IED va a ser uno de los aspectos que Ecuador ha decidido transformar, al punto de que su nueva Constitución reformada prohíbe que se celebren tratados donde se ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Bolivia por su parte y en la misma línea de Ecuador también reformó su estructura jurídica institucional en búsqueda de mayor autonomía. En su Nueva Constitución de 2009 modificó la regulación referida a la IED, impidiendo entre otros aspectos que los inversores extranjeros demanden al Estado boliviano ante alguna o cualquier jurisdicción internacional. Estas estrategias, que configuran el retorno de la Doctrina Calvo, expresan una búsqueda de mayor de autonomía, entendida ésta en términos formulados por Juan Carlos Puig como “Autonomía Heterodoxa”. Según la misma cuando los Estados se encuentran en el estadio de la Autonomía Heterodoxa, aceptan la conducción estratégica de la potencia dominante, pero discrepan en temas como el modelo de desarrollo interno y/o en algunas vinculaciones internacionales. La aplicación de la Doctrina Calvo en materia de regulación a la IED implica un aumento del grado de decisión propia, una búsqueda de una inserción internacional más independiente y autónoma en relación a los intereses del Estado en el contexto del sistema internacional.