“…Para atender esta grave problemática de violencia en las zonas rurales, el Gobierno nacional dio paso al denominado Plan Lazo (Duffort, 2013) el cual operó hasta 1965 y se fundamentaba en la doctrina de la guerra irregular empleada por los Estados Unidos para detener el avance del comunismo y la adecuó a las circunstancias internas de nuestro país, lo que exigió la cooperación permanente entre las Fuerzas Militares, especialmente el Ejército y la Policía Nacional, realizando actividades de aprendizaje y entrenamiento en operaciones contraguerrilla. Así fue como a la Policía Nacional, además de su activa participación la responsabilidad de coordinar con los gobiernos locales las acciones de control de la población, le fue asignada la realización, coordinada con las demás fuerzas, de acciones cívico-militares y operaciones ofensivas para prevenir la formación de nuevos grupos guerrilleros, lo cual limitó su contacto con la población civil mediante el incremento de la presencia militar, en un modelo que implicaba la participación activa de la Policía en la lucha contra la insurgencia debido a la situación de violencia y criminalidad que vivía el país y que originó el plan al que nos referimos y que es ampliamente explicado en el libro Aporte a la verdad: contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica (Ardila et al, 2022).…”