Leveraging Employer Practices in Global Regulatory Frameworks to Improve Employment Outcomes for People with Disabilities

Abstract

Work is an important part of life, providing both economic security and a forum to contribute one's talents and skills to society, thereby anchoring the individual in a social role. However, access to work is not equally available to people with disabilities globally. Regulatory environments that prohibit discrimination and support vocational training and educational opportunities constitute a critical first step toward economic independence. However, they have not proven sufficient in themselves. In this article, we aim to infuse deeper consideration of employer practice and demand-side policy reforms into global policy discussions of the right to work for people with disabilities. We begin by documenting the employment and economic disparities existing for people with disabilities globally, followed by a description of the international, regional, and local regulatory contexts aiming to improve labor market outcomes for people with disabilities. Next, we examine how policies can leverage employer interests to further address inequalities. We discuss employer policies and practices demonstrated in the research to facilitate recruitment, hiring, career development, retention, and meaningful workplace inclusion. The goal of the article is to synthesize existing international literature on employment rights for people with disabilities with the employer perspective.

Conocimiento y actitudes hacia el acomodo razonable de una muestra de la población universitaria de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras: Un estudio descriptivo

“…En particular, responsabiliza a la Universidad de Puerto Rico a capacitar profesionales que brinden servicio a las personas con impedimentos de acuerdo con la demanda por estos servicios (Oliveras, 2012). No obstante, no es sino hasta 1990, cuando se aprueba la Ley de Americanos con Discapacidad, conocida como ley ADA por sus siglas en inglés, que se comienza a observar un aumento en la participación de las personas con diversidad funcional en las actividades del diario vivir, aunque aún se considera baja en comparación con la población en general (Rojas-Rojas et al, 2018;Saleh y Bruyère, 2018). La Ley ADA (1990) es una pieza de derechos civiles donde se prohíbe el discrimen contra las personas con impedimentos o diversidad funcional, se aplica a distintos sectores, no solo a aquellos que reciban fondos federales.…”

“…Las actitudes juegan un papel importante a la hora de evaluar los obstáculos que presenta la población de personas con diversidad funcional en la sociedad. A pesar de la identificación de otras barreras, las barreras actitudinales continúan siendo uno de los impedimentos más significativos para la plena inclusión y participación de las personas con diversidad funcional en los diferentes ámbitos de la vida (OMS, 2011;Saleh y Bruyère, 2018;Unger, 2002). Se ha evidenciado que las actitudes favorables hacia las personas con diversidad funcional y un trato de igualdad puede llevar a una actitud favorable sobre el acomodo razonable en los distintos escenarios, promoviendo la inclusión de las personas con diversidad funcional (Innis-Johnson, 2012).…”

“…Las investigaciones sobre la inclusión, política pública, calidad de vida y acomodo razonable de las personas con diversidad funcional han ido en aumento con los años (Bolt et al, 2011;Saleh y Bruyère, 2018). Sin embargo, la población con diversidad funcional continúa siendo excluida y viviendo en condiciones de desventaja en diferentes ámbitos de la vida, particularmente dentro de los escenarios educativos y laborales a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2011).…”

“…Sin embargo, la población con diversidad funcional continúa siendo excluida y viviendo en condiciones de desventaja en diferentes ámbitos de la vida, particularmente dentro de los escenarios educativos y laborales a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2011). En el escenario laboral, particularmente las personas con impedimentos tienden a estar desempleadas, generar menos ingresos cuando trabajan o estar subutilizadas (Saleh y Bruyère, 2018). En relación con este punto, en el Informe Mundial sobre la Discapacidad se evidencia menor participación laboral entre los varones y mujeres con diversidad funcional con un 53 % y 20 %, respectivamente, versus los varones y mujeres sin diversidad funcional con un 65 % y 30 %, respectivamente (OMS, 2011).…”

“…Es evidente que los porcentajes de participación en el sector académico post secundario y el mercado laboral son bajos y que esto puede afectar la calidad de vida de esta población. Particularmente, al significar el empleo como un medio de integración a la sociedad, medio de adquirir bienes y servicios, medio de sustento y promotor de identidad (Saleh y Bruyère, 2018). En reconocimiento de esto, a través de los años se ha desarrollado política pública que promueve la integración y la igualdad de derechos de las personas con diversidad funcional en distintos escenarios y actividades.…”