En Argentina, el reconocimiento constitucional al patrimonio cultural lo ha colocado en un lugar privilegiado de tutela con responsabilidades para el Estado y los ciudadanos. A partir de la valoración de sus atributos como derecho colectivo, recurso cultural e identitario vinculado a la calidad de vida, factor dinamizador de las economías locales y generador de nuevos ingresos, los gobiernos locales están obligados a diseñar políticas patrimoniales no sólo que garanticen el ejercicio de los derechos culturales sino también que fomenten la preservación del patrimonio mediante la participación de los individuos, las comunidades o las ONGs reconocida en Pactos, Convenios y Protocolos ratificados por el Estado argentino. La Provincia de Santa Cruz ha generado políticas públicas para preservar el patrimonio cultural que interesa analizar desde un enfoque de derechos humanos.
Como propuesta metodológica se utilizan los tres tipos de indicadores de progreso (estructurales, de proceso y de resultado) en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2008) y que permiten organizar la información relevada facilitando el análisis de las acciones estatales para el cumplimiento del derecho. Para indagar en las opiniones de los actores locales se realizaron encuestas y entrevistas en profundidad en las localidades de Puerto Deseado y Río Gallegos.