La Unión Europea ha puesto en marcha un conjunto de políticas y medidas jurídicas que buscan promover un modelo energético descentralizado que coloque a los ciudadanos en el centro del sistema, y les permita tener un rol activo y proveerse de su propia energía, así como de otros servicios energéticos. Dentro de este modelo surgen las comunidades energéticas como mecanismos de interacción entre personas físicas, entes locales y pequeñas y medianas empresas que tienen el potencial de garantizar un futuro organizativo para una transición energética justa y sostenible. En este panorama, los gobiernos locales, como Administraciones públicas de proximidad, pueden ser ejemplarizantes y participar directamente en las comunidades energéticas; sin embargo, su concreción en la realidad no está exenta de obstáculos. Por ello, en este trabajo se analiza, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español, cuáles son los posibles mecanismos o “entidades jurídicas” de las que pueden valerse los entes locales para la conformación de comunidades energéticas, y así, poder contribuir con la transición energética.