Novedades en el certificado de antecedentes judiciales y sus impactos en las tareas de cuidados

Abstract

El presente artículo ahonda en dos objetivos principales. Primeramente, exhibir las últimas novedades legislativas sobre la presentación de certificados de antecedentes judiciales para trabajos que involucren tareas de cuidados. En segundo lugar, potenciar la necesidad de visibilizar a los cuidados, como derecho y como función social. Ello implica la posibilidad de recibir y brindar cuidados en condiciones de igualdad y calidad. Para ello es necesario formalizar el empleo en este sector de actividad, mejorar las condiciones laborales y brindar formación para que el servicio sea de calidad. El texto se estructura en cuatro partes, una introducción y tres apartados. En la introducción se presenta el tema y los antecedentes normativos, así como también se analizan antecedentes y el ámbito de aplicación de la ley 19.791 (2019). En el primer apartado se realiza una aproximación a la incidencia de esas novedades normativas en el área de trabajo en cuidados. El segundo apartado indaga la compatibilidad de dichas novedades con el ordenamiento jurídico uruguayo. En el último apartado, se presentan los fundamentos conceptuales del tema. Finalmente, se exponen algunas reflexiones.

Criminal records and employment restrictions in Argentina: Between post-sentence discrimination and resistance strategies

“…This soon became a ‘Trojan horse’ (Damaška, 1968), since third parties, such as recruiters, could request these certificates as a condition for employment. From this moment on, getting information on individuals with criminal records started to become more frequent (Carnevale, 2016; Fernández Ramírez, 2020).…”

“…In 2010, the province of Misiones took a step forward by mandating that public and private institutions carrying out activities involving children, people with disabilities and the elderly request a certificate of sex offences prior to offering any type of employment. Later on, similar provisions were introduced in other countries such as Chile (2012), Colombia (2018), Peru (2018), Uruguay (2019), Ecuador (2019) and Paraguay (2020; Fernández Ramírez, 2020; Luque-Gonzalez and Medina-Chico, 2018; Pérez Riquelme, 2018). The reforms implied greater accessibility of these records to third parties and further restrictions on taking up employment, especially where contact with children or the elderly is involved.…”