La justicia constitucional surge históricamente del desarrollo constitucional, tendiente a certificar la eficacia de los derechos fundamentales frente a actos u omisiones del poder público y de particulares, para lo cual se sustenta en la implementación de garantías jurisdiccionales, mismas que son conocidas en el sistema judicial ecuatoriano por jueces los mismos operadores de justicia de la sede ordinaria, quienes tras el sorteo de una acción jurisdiccional, se convierten en jueces constitucionales, por lo cual se plantea como objetivo verificar la justicia especializada en materia constitucional, frente a la jurisdicción de los jueces de primera y segunda instancia, quienes mantienen una asignación en función de la competencia en otras materias. La metodología implementada es deductivo inductivo, desde un enfoque cualitativo y una revisión bibliográfica, para analizar el principio de especialidad en la justicia constitucional, lo que direcciona a establecer la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la inmediata y efectiva protección de los derechos reconocidos por la norma suprema. De lo que se extrae que la justicia constitucional debe verse reforzada con el principio de especialidad a fin de garantizar una verdadera tutela de los derechos y generar decisiones idóneas en las que se refleje la protección de los derechos y una acertada reparación integral.