Señor Editor. Hemos revisado con atención el artículo de Gil-Quevedo et al. acerca de los ciudadanos informados y empoderados como elementos clave para el ejercicio de los derechos en salud (1) . Si bien compartimos el concepto fundamental que subyace a este planteamiento que, entendemos, es el principio de autonomía de la persona y su derecho a la salud y a la atención de salud, nos preocupa que no haya una definición clara del significado de ciudadano "empoderado", y que, en todo el artículo no se mencione el concepto de deberes del ciudadano en materia de salud y atención de salud.El concepto de empoderamiento surge en las ciencias sociales como una propuesta que busca que determinados grupos sociales, percibidos en una situación de desventaja frente a otros, se sitúen en un nivel de igualdad. Dada la raíz del término, la desventaja se refiere a relaciones de poder en la sociedad, y en esta lógica, se ha empleado extensamente en el análisis de desigualdades de género, étnicas, y formas diversas de discriminación.Sin embargo, así como el ciudadano es un actor clave en los servicios de salud visto como usuario, lo es también el personal de salud, que son también ciudadanos, y que, en años recientes, se empieza a hacer visible que están expuestos, tanto a riesgos ocupacionales derivados de la bioseguridad y el estrés, como a ser objeto de violencia por parte de los familiares de los pacientes, en un ejercicio mal entendido de su creciente empoderamiento.En el estudio de Travetto C. et al. (2) , realizado en personal de salud en América Latina, se identificó que un 67% había sufrido algún tipo de agresión en el último año, siendo este porcentaje mayor en enfermeros y médicos, llegando, incluso, a un 71%. De acuerdo con la misma encuesta, los principales desencadenantes habrían sido la demora en la atención y la carencia de recursos para resolver problemas médicos. En ese mismo sentido, en Perú, en el año 2014 (3) , un 20% de médicos reportaron violencia tipo amenaza y en el 2016 (4) , un 47% de médicos reportaron haber sufrido violencia, siendo el agresor, en el 43% de los casos, el familiar, y en 26% un acompañante del paciente.Sin restar importancia a la necesidad de difundir y defender los derechos del paciente a una atención oportuna y de calidad, consideramos que esta defensa debe, en simultáneo, implicar la promoción del derecho del personal de salud a ser respetados como seres humanos, ciudadanos y trabajadores. Para los investigadores, implica un llamado para entender esta dinámica entre profesionales de la salud y los pacientes, que muchos perciben en evolución (5) ; para los docentes, conlleva una invocación a formar nuevos profesionales en una cultura de promoción a los derechos y deberes de los usuarios y del personal de salud, todos ciudadanos en salud.
Contribución de los autores:PJMA declara ser el único autor del artículo.Fuentes de financiamiento: autofinanciado.