En 2022, México formalizó un nuevo régimen en materia de minería con la reforma a la hoy llamada Ley de Minería y la declaración de utilidad pública del litio. Se deja sin base jurídica a participación de empresas privadas. El mismo acto legislativo mandata la creación de un organismo público descentralizado que por Decreto presidencial se cumple bajo la denominación “Litio para México”, LitioMX, quien asume la exploración y aprovechamiento del mineral. Un nuevo cambio en 2024 eleva lo esencial de las reformas legislativas a norma constitucional, hecho que genera un debate sobre la legitimidad, legalidad de la cancelación de concesiones vigentes y la viabilidad técnica y económica del proyecto. Motivo por el cual, hacemos una investigación documental con un enfoque jurídico y teórico de la situación legal de LitioMX, explorando las opiniones vertidas desde el momento de las decisiones. Entre los hallazgos importantes consideramos las críticas sobre capacidad de la empresa, por tanto, la necesidad de inversión privada. Por otra, la evidencia normativa, contexto de creación de la empresa, enlazada a los principios del ordenamiento mexicano, a la utilidad del mineral y a la política energética como garantía de la soberanía energética de la Nación.