“…Por otro lado, una de las afirmaciones que contiene la hipótesis sí que quedaría explícitamente validada ya que hay un gran consenso dentro de los estudios a la hora de reivindicar la necesidad de prolongar la protección, desde la administración, para facilitar el tránsito a la vida adulta debido a la celeridad y brusquedad con la que se produce la emancipación de estos jóvenes (Artamonova et al, 2020;Comasòlivas et al, 2018;García-Alba et al, 2022;Gwenzi, 2018;Itzhaki-Braun y Sulimani-Aidan, 2022;Kaasinen et al, 2022;Mupaku et al, 2021;Oterholm y Paulsen, 2018), sobre todo, si tenemos en cuenta que la edad de emancipación en la Unión Europea se da a los 26.5 años (Eurostat, 2021b). Esta reivindicación se ve refrendada por la alta eficacia que están demostrando diversos programas y proyectos vinculados con el tránsito a la vida adulta (Comasòlivas et al, 2018;García-Alba et al, 2022;Melendro et al, 2020;Sevillano-Monje et al, 2021;Sevillano-Monje y Martín-Gutiérrez, 2022).…”