Desde que España pasara en 2011 a formar parte de los países firmantes de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) ha formulado, tal y como exige la incorporación a esta Alianza, tres Planes de Acción cuyo objetivo se centra en la consolidación de gobiernos comprometidos con las necesidades reales de la sociedad española, creando así herramientas y compromisos favorecedores de gobiernos más abiertos, más transparentes y, por supuesto, más participativos.
A comienzos de 2020, nos encontrábamos inmersos en la fase preparatoria del que sería el próximo IV Plan de Acción, aunque, tal y como se concretará más adelante, su más que dilatado retraso en la aprobación, agravada por la suspensión de los plazos de la hoja de ruta del mismo como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, derive en un nuevo Plan con una vigencia distinta a la inicialmente prevista para el período 2019-2021.
En este estudio se realizará un análisis de los diferentes Planes de Acción OGP llevados a cabo en nuestro país, atendiendo a las posibles carencias y/o mejoras de cara a los futuros Planes.