El sector minero representa el 16% del PBI en Perú, lo que ha llevado al país a ser considerado como uno de los principales países mineros debido al potencial de sus recursos. Sin embargo, los conflictos sociales entre las comunidades campesinas y nativas, el estado y las empresas mineras han afectado negativamente tanto a la integridad personal como a los ecosistemas naturales. Como resultado, se ha visto comprometido el desarrollo sostenible del país. Con el fin de analizar estos conflictos, se llevó a cabo una investigación con el objetivo de determinar si se respetaron los derechos de libre determinación y consulta previa de las comunidades campesinas y nativas durante el periodo 2018-2019. Para ello, se seleccionó una muestra documental relacionada con los conflictos y se recurrió a abogados especialistas en derecho constitucional de Trujillo mediante un muestreo aleatorio. La investigación se realizó mediante la técnica de observación, análisis documental y encuesta. Los resultados muestran que los conflictos se producen principalmente debido al impacto ambiental en las tierras de las comunidades, al no aplicarse la normativa nacional e internacional que reconoce sus derechos a la libre determinación y consulta previa. Además, en la mayoría de los casos no hubo participación ciudadana intercultural, consulta previa ni consentimiento libre e informado, lo que ha contribuido a generar conflictos en casi todas las regiones del país.