Relaciones cívico-militares, negociaciones de paz y postconflicto en Colombia

Abstract

Este artículo examina las relaciones cívico-militares en el marco de las actuales negociaciones de paz en Colombia e identifica algunos de los posibles retos para un eventual postconflicto. La política de seguridad democrática del gobierno Uribe (2002-2010) produjo una subordinación desinstitucionalizada de las ff. aa. al poder civil y reac- tivó la Doctrina de Seguridad Nacional, desconociendo el conflicto armado para diagnosticarlo como una amenaza terrorista, lo cual ha generado una serie de problemas al posterior gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), en su intento por mantener la subordinación en el con- texto del proceso de paz. Estos problemas se ven reforza- dos por la oposición que el expresidente y actual senador Uribe ha realizado a las negociaciones, puesto que en su empeño ha intentado politizar distintos sectores milita- res. Por consiguiente, el postconflicto plantea el reto de realizar una reestructuración integral de las ff. aa. que permita un control democrático de estas instituciones.

Disputas por las lecturas del pasado reciente en Colombia.

“…En términos generales, el propósito de algunos sectores cercanos o pertenecientes a las Fuerzas Armadas se dirige a continuar, desde la construcción de memoria histórica, la confrontación que desarrollaron con las armas. Lo que resulta significativo en un contexto donde se apuesta a la construcción de memoria histórica de un conflicto que aún no ha terminado y en el que no se ha iniciado una clara reestructuración de las fuerzas armadas que permita que las mismas tengan un rol destacado en la construcción de lo que se ha denominado posconflicto (Cruz, 2015).…”

“…En ese contexto, el gobierno hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que no participaran en la política partidista, ya que como institución tenían como función "garantizar los derechos de los ciudadanos" y la democracia (Santos, 2014). Con ello Santos recordaba el pacto establecido con la institucionalidad militar desde el Frente Nacional (1958)(1959)(1960)(1961)(1962)(1963)(1964)(1965)(1966)(1967)(1968)(1969)(1970)(1971)(1972)(1973)(1974), cuando la división de competencias entre civiles y militares había quedado establecida: desde entonces las fuerzas armadas fortalecieron su papel en el control del orden público, entendido fundamentalmente como anticomunismo, y se mantuvieron al margen de los asuntos civiles y de cualquier adscripción a los partidos políticos tradicionales (Cruz, 2015;Castro, 2016) rev. eleuthera.…”

“…El mismo marcó las relaciones de la institución con el ejecutivo nacional y con la población civil, de manera fuerte, por lo menos desde los años setenta del siglo pasado. En este contexto se generó una "dilatación del concepto del enemigo" que llevó a que sectores amplios de la sociedad civil que no compartían los intereses del "bloque contrainsurgente" (Franco, 2009) se concibieran y se trataran como enemigos absolutos (Angarita et al, 2015;Cruz, 2015).…”

“…Durante los primeros años del gobierno de Virgilio Barco (1986Barco ( -1990, el ministro de gobierno y el político liberal Horacio Serpa llamaron la atención frente a que después de los procesos de diálogo que adelantó el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) empezó a proliferar una tendencia que miraba cualquier avance de tipo democrático como concesiones a la subversión (Medina, 1990, p. 217). El señalamiento de cualquier oposición se acentuó después del fracaso de los diálogos de paz desarrollados durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002)(2003)(2004)(2005)(2006)(2007)(2008)(2009)(2010), la demanda por el "restablecimiento del orden", la seguridad y la capitulación de la insurgencia, hicieron que se sintiera con particular fuerza la definición del enemigo en términos absolutos y que se evidenciara, incluso en discursos gubernamentales, la extensión de la noción de enemigo a vastos sectores de la sociedad que expresaban sus críticas frente a las consecuencias de las políticas de seguridad, el accionar de grupos paramilitares y su connivencia con la fuerza pública (López, 2012;Cruz, 2015).…”

“…Pese a la existencia de una clara división de funciones entre la Fuerza Pública y el poder civil, con una más o menos clara subordinación de la primera al segundo, las relaciones entre civiles y militares han tenido momentos de tensión, particularmente en el desarrollo de negociaciones de paz y el proceso de paz desarrollado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, entre 2012 y 2016, no fue la excepción (Cruz, 2015;Illera y Ruíz, 2018). Dicho proceso tuvo dos características que deben destacarse para entender las actuales luchas por la memoria en Colombia: por primera vez se invitó a la mesa de negociación a militares retirados y activos (Cruz, 2015;Duzán, 2018), con lo que se subsanó uno de los principales reclamos de los miembros de las fuerzas armadas frente a que no se les tenía en cuenta en el desarrollo de negociaciones con actores armados (Illera y Ruíz, 2018). Por otro lado, es la primera vez que en Colombia se prescribe la formación de una Comisión dotada de legitimidad para hablar de la verdad de lo sucedido en el marco del conflicto armado.…”