Riflessioni sul superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari

Pellegrini, P

doi:10.3280/pu2015-003010

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“…Sin embargo, la nueva configuración institucional no ha cambiado el marco normativo de referencia, confirmando el antiguo enfoque de "doble vía", es decir, el uso de medidas de seguridad que luego se imponen al infractor no atribuible o parcialmente imputable en lugar de la sentencia a la sanción penal ordinaria. Además, todavía es posible, como para los antiguos OPG, enviar personas en "medida de seguridad provisional" incluso en la fase preliminar o incidente probatorio y sin la valoración pericial psiquiátrica necesaria (8).…”

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“…En este sentido, la mayor contradicción ha sido la aplicación del sistema penitenciario en una estructura que, por ley, está exclusivamente bajo gestión sanitaria interna, con solo "control perimetral" por parte de las autoridades de seguridad pública. Esto todavía se encuentra en numerosas REMS italianas, a pesar del Acuerdo de la Conferencia de Regiones Estatales y de las posiciones posteriores adoptadas por el propio Departamento de Administración Penitenciaria (DAP) a este respecto (8).…”

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La pena y la cura. Servicios de salud mental en Italia después del cierre de los hospitales psiquiátricos judiciales

Mezzina

2022

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq.

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Resumen: El artículo describe el proceso de reforma que tuvo lugar en Italia con el cierre de los seis hospitales psiquiátricos judiciales del país y su sustitución por pequeñas unidades forenses. El uso de los hospitales judiciales se regía por la exclusión de los juicios de las personas con enfermedades mentales graves que dificultaban el ejercicio de su capacidad, las cuales, si eran declaradas "socialmente peligrosas", eran sometidas a un sistema de "medidas de seguridad". Este cambio significativo, que se llevó a cabo a través de los Ministerios de Salud y de Justicia, y de las Regiones, ocurrió en Italia entre 2011 y 2017, y se entiende como el paso final del proceso de reforma en la atención de la salud mental que comenzó en 1978 y culminó con el cierre completo de todos los hospitales psiquiátricos en 1999. Las nuevas pequeñas unidades forenses/judiciales, con un número limitado de camas para todo el país, se denominan REMS (Residencias para la Ejecución de Medidas de Seguridad). Están gestionadas por las Regiones y se basan en los principios de orientación terapéutica y de recuperación, respuesta transitoria y territorial, y responsabilidad de los servicios de salud mental de la comunidad para facilitar el alta. Las formas de aplicación de la ley en lo que respecta a las características de las REMS fueron diversas, por ejemplo, gestión pública o privada, número de camas, política de puertas abiertas, inclusión en los departamentos de salud mental con fines de prevención y provisión de alternativas por parte de los servicios comunitarios de salud mental. Experiencias significativas, como la de Trieste y la región de Friuli Venezia Giulia, interpretan esta reforma en función del papel que desempeñan los servicios públicos de salud mental en la prevención de delitos mediante una respuesta rápida y eficaz a las crisis, estableciendo vías de atención personalizadas y apoyando a sus pacientes dentro de la prisión y en el sistema judicial. Todavía existe un difícil equilibrio con el sistema judicial y penitenciario, que a menudo hace hincapié en el confinamiento y la función "de custodia" en las REMS como novedoso sustituto de los antiguos hospitales judiciales y ejerce una presión constante para ampliar el uso y la disponibilidad de sus camas en cuanto a las medidas de seguridad temporales, incluido el desvío de personas de las prisiones a las REMS. El riesgo de una reacción contra la reforma ha sido frenado recientemente por la Corte Constitucional, pero persiste un duro debate sobre el futuro de las REMS. Los cambios más radicales y coherentes, según los instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos, solo pueden realizarse con nuevos cambios legislativos, abandonando los conceptos de incapacidad y peligrosidad, que siguen siendo pilares del Código Penal. El artículo ofrece datos generales recientes, prácticas pioneras, observaciones críticas y termina con indicaciones para el cambio en las políticas y las prácticas.

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