El análisis costo-beneficio es un proceso que permite establecer la relación que existe entre los costos de una actividad y los beneficios que esta genera, es decir, permite determinar si esta es económicamente eficiente. Sin embargo, su alcance instrumental resulta poco adecuado cuando se alude a la efectividad social relacionada con alcanzar un objetivo, lo que puede abstraerse a través de las limitaciones que denota este tipo de análisis para representar todos los —potenciales— daños evitados, por ejemplo, al mitigar efectos negativos del cambio climático. Este aspecto trasciende si consideramos que, una medida de mitigación del cambio climático más efectiva, a su vez impacta en los costos económicos y, por ende, afecta la eficiencia social a largo plazo. En este orden de ideas y desde una aproximación jurídico-económica, a la luz de la normativa colombiana y chilena, este aporte tiene por objetivo reflexionar sobre la necesidad de integración del análisis costo-beneficio y del análisis costo-efectividad en el análisis jurídico y multidisciplinar de la lucha contra el cambio climático, a partir de su incorporación en el marco legal que establece las directrices para la gestión del cambio climático de Colombia (Ley 1.931 de 2018 y Ley 2.169 de 2021) y la Ley Marco de Cambio Climático de Chile (Ley 21.455 de 2022).