La implementación de políticas nutricionales, debería ser uno de los últimos pasos seguidos en el proceso de la toma de decisiones políticas 1 y, seguramente, el primer paso debería ser asegurar que todos los agentes implicados estén de acuerdo en que la formulación de políticas nutricionales debe estar siempre informada por la evidencia científica y teniendo en consideración las adecuadas condiciones de equidad. Sin embargo, desgraciadamente sabemos que no siempre es así 2 . En 2009 se publicaron una serie de 19 artículos 1,3-20 en la revista BioMed Central en los que se explica, desde qué es la formulación de políticas en salud informadas en la evidencia, hasta cómo buscar, interpretar y usar la evidencia científica; qué hacer en caso de no haber suficiente evidencia; cómo evaluar los pros y contras de una política; cómo planear su implementación teniendo en cuenta el uso de recursos y coste de la misma; y cómo monitorizar y evaluar las políticas puestas en marcha. Como en toda toma de decisiones basada en la evidencia, estas guías no se han elaborado para sustituir la figura de las personas encargadas de tomar dichas decisiones, sino para ayudar a que tanto los responsables de la toma de decisiones sobre políticas y programas de salud, como quienes los respaldan (inclusive organizaciones de científicos), tomen consciencia de la necesidad de que las decisiones se realicen siempre teniendo en cuenta la mejor evidencia de investigación disponible 1 . Entre las reflexiones a las que lleva la lectura de estos artí-culos, a los autores de estas líneas les ha parecido especialmente interesante el cuestionamiento de qué estrategias deberían usarse para evitar posibles presiones de grupos de poder financieros sobre una decisión de política de salud. En este sentido, la descripción de una metodología sistemática y transparente previa a la toma de decisiones y fácilmente accesible por todos, o la participación de grupos de expertos que usan metodologías basadas en la evidencia, como por ejemplo, los grupos elaboradores de Guías de Práctica Clínica Basadas en la Evidencia (GuíaSalud en España) o las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, pueden ayudar a manejar las tensiones y conflictos de interés que puedan generarse entre los grupos de poder económico y las decisiones políticas tomadas 4 . Sin embargo, los sistemas basados en metodologías sistemáticas y transparentes que busquen el apoyo de partes proactivas (generación de la evidencia por parte de terceros independientes) que generen resúmenes de políticas 15 y partes reactivas (partes financieras implicadas) a través de un Rev Esp Nutr Hum Diet. 2015; 19(2): 56 -57