The governance of natural resources in Latin America: The commodities consensus and the policy space conundrum

Industrias extractivas y desarrollo sostenible en América Latina: ¿oxímoron o nuevo imaginario desarrollista?

“…De hecho, esa carrera para algunos autores, habría empezado durante el propio boom minero. Esto se comprueba en la preferencia dada a los derechos de los inversores sobre los de las comunidades, que según Faundez (2017) se debe en parte a la diferente naturaleza jurídica de tales derechos: mercantil y de derecho internacional privado, en el caso de los derechos de los inversores, concretados en los acuerdos bilaterales y multilaterales de inversión asociados a los tratados de libre comercio de la doctrina del Consenso de Washington/Davos (Petras y Veltmeyer, 2014); y de derecho internacional público, y, por tanto, soft law, en el caso de los derechos colectivos, asentados en el Principio (Faundez, 2017;Gibson y Bradshaw, 2018). Pero el jurista también atribuye la responsabilidad a los propios gobiernos, que no fueron "espectadores inocentes", si no que trataron de "aprovechar deliberadamente las contradicciones dentro del marco regulatorio internacional para perseguir su objetivo a corto plazo de aumentar los ingresos por exportación" (Faundez, 2017: 136).…”

Greening Factor Framework Integrating Sustainability, Green Supply Chain Management, and Circular Economy: The Chilean Case

“…Nevertheless, Chile stands out from the other Latin American countries because of the growth of its economy in the last decades [33,35,37,39]. This rapid growth was encouraged, from 2000 until 2014, by the "commodity supercycle" [40]. Nonetheless, the question that arises is how economic growth can be sustainable in the long term.…”

El extractivismo y sus despliegues conceptuales

“…En este sentido, no todos los extractivismos son iguales, ni siquiera en la aplicación concreta del "nuevo régimen de asignación asimétrica de derechos" (Machado, 2013: 141; cursivas en el original) entre los inversores internacionales y las comunidades especialmente indígenas. Faundez (2017) cifra la preferencia dada a los derechos de los inversores sobre los de las comunidades en la diferente naturaleza jurídica de tales derechos: mercantil y de derecho internacional privado, en el caso de los derechos de los inversores, concretados en los acuerdos bilaterales y multilaterales de inversión asociados a los tratados de libre comercio de la doctrina del Consenso de Washington/Davos (Petras y Veltmeyer, 2014); y de derecho internacional público, y, por tanto, soft law, en el caso de los derechos colectivos, asentados en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989 en vigencia desde 1991, el Principio 21 de la Declaración de Río de 1992, el Convenio sobre Biodiversidad Biológica en vigor desde 1993, y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas aprobada en 2007 (Faundez, 2017;Gibson y Bradshaw, 2018). Sin embargo, el jurista también atribuye la responsabilidad a los propios gobiernos, que no fueron "espectadores inocentes", sino que trataron de "aprovechar deliberadamente las contradicciones dentro del marco regulatorio internacional para perseguir su objetivo a corto plazo de aumentar los ingresos por exportación" (Faundez, 2017: 136).…”

“…Sin embargo, el jurista también atribuye la responsabilidad a los propios gobiernos, que no fueron "espectadores inocentes", sino que trataron de "aprovechar deliberadamente las contradicciones dentro del marco regulatorio internacional para perseguir su objetivo a corto plazo de aumentar los ingresos por exportación" (Faundez, 2017: 136). Es más, los gobiernos fallaron al implementar su propias leyes de protección de los derechos de la naturaleza y las comunidades por falta de voluntad política, sabotearon las decisiones de sus cortes de justicia e ignoraron las recomendaciones de las agencias internacionales cuando contradijeron sus decisiones políticas, así que también en este punto la ideología de la buena gobernanza fracasó (Faundez, 2017).…”

“…Lo que Colombia, Perú y Chile otorgaron a los inversores en protección de derechos, el área D'pC0, fue desde el principio mayor de lo que pretendían sacrificar en términos de derechos de colectivos, el área CN0, pero en la práctica lo que se sacrificó fue mucho mayor y también mucho mayor que en el caso del neo-extractivismo progresista, el área CNDc0, y las compensaciones resultaron menores en coherencia con la menor recaudación de rentas. Que los gobiernos dieran prioridad a los derechos de los inversores sobre los derechos colectivos no significa que lo hicieran para maximizar las rentas extractivas como supone Faundez (2017). En realidad, ese objetivo está sujeto a restricciones de economía política internacional y nacional que a corto plazo resultan inescapables.…”