Los mecanismos y dispositivos que se utilizan en la desaparición forzada se modifican según las formas del Estado y el tipo de gubernamentalidad. En México, durante los años 70 del siglo XX, esta práctica se articuló a una gubernamentalidad populista, con un Estado fuerte, centralizado y autoritario, que utilizó políticas diferenciales para el tratamiento de las disidencias, desde formas legales e ilegales de represión, hasta la cooptación e incluso la creación de consensos. A partir de 2008, la desaparición forzada se inscribió en una gubernamentalidad neoliberal donde el Estado, penetrado por grandes corporativos legales e ilegales pasó a ser una estructura fragmentaria, con poderes locales relativamente autónomos, que pueden estar fuertemente penetrados por las redes criminales de alcance global. La articulación estatal-criminal hace que, en ese contexto, violencias que aparecen como privadas deban pensarse como público privadas y que la distinción entre las prácticas de desaparición y desaparición forzada resulten difusas.