El desarrollo de los medios de comunicación privados que fueron incautados en Ecuador al comienzo de la presidencia de Rafael Correa (2007-2017) derivó en una compleja situación económica, legal y profesional para todos ellos y para sus periodistas. Mediante la integración de tres métodos –el histórico, el análisis de política de medios y las entrevistas en profundidad– se pretende aportar una visión amplia y documentada de su origen y desarrollo. La implementación de mecanismos normativos para tejer estructuras de regulación y censura hacia los medios privados propició una reconfiguración mediática que permitió acaparar importantes empresas de comunicación de alcance nacional (televisiones, radios y revistas) dentro del paraguas estatal. Las incautaciones se suscitaron en un momento sensible como respuesta a la banca quebrada, en medio de la peor crisis económica, social y política en la historia del Ecuador. Esa banca privada era además propietaria de importantes medios de comunicación, que controlaban la opinión pública.
Las medidas legales interpuestas por los dueños originales de los medios incautados han imposibilitado su venta. Además, su precaria situación económica no les ha hecho ser objetivo apetecible de potenciales compradores. De los diecisiete medios privados en poder del Estado desde 2008, ahora llamados medios incautados, solo dos permanecen activos en 2023, mientras los quince restantes quebraron o se encuentran en proceso de liquidación. La operación, aunque provechosa para el poder político, resultó un fracaso económico y periodístico.