La investigación constituye la esencia de toda institución de enseñanza superior. Gracias a sus resultados, las sociedades pueden ir progresando, mediante una renovación continúa de sus métodos de desarrollo. Si bien es cierto que Colombia recién se ha lanzado en esta difícil, pero tan necesaria, tarea investigativa, la apuesta en esta vía desde la academia es hoy en día significativa, con una producción científica cada vez más relevante. Muestra de ella es la presentación de la presente obra titulada “Derechos fundamentales y conflicto” que el lector sabrá, estamos convencido de ello, apreciar como se lo merece. La obra que el lector tiene en sus manos forma parte de la colección “Aequitas: Colección de la Facultad de Derecho” de la Universidad Santiago de Cali. Fruto de una colaboración con diversas instituciones tanto nacionales como internacionales, agrupa trabajos de juristas colombianos así como de otros países de Latinoamérica y de Europa (Argentina, Ecuador, España, Francia) que nos sentimos orgullosos de presentar al conjunto de la comunidad académica.
Los efectos que ha generado la segunda guerra mundial en términos culturales, económicos, sociales son innumerables; incluso muchos de ellos, continúan proyectándose en la actualidad sin que dimensionemos sus alcances más relevantes. Al respecto, el punto de inflexión jurídico propiciado por tal acontecimiento ha generado una disputa de tal magnitud que también se han afianzado, desde un punto de vista externo o del observador (Hart, 1963), distintas disputas académicas sobre modelos ontológicos y epistemológicos de la pretendida ciencia del derecho. Por ello, dicho fenómeno ha sido abordado desde diversas perspectivas.
Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presente artículo se propone analizar si las reglas del sistema electoral colombiano se adecúan a los estándares de derechos humanos para el ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo 23 de la Convención Americana. Para ello, expondrá los requisitos colombianos para el ejercicio de los derechos políticos, específicamente, de los grupos significativos de personas no afiliadas a ningún partido o movimiento político; luego, describirá los estándares de derechos humanos previstos en la jurisprudencia; y finalmente argumentará que con base en dichos estándares, la normativa colombiana no se ajusta a ellos pues la exigencia de una garantía de seriedad por medio de una póliza de seguros genera una práctica restrictiva. En un primer momento, la metodología que se usará será descriptiva: en este camino se realizará una enunciación de las normas nacionales e internacionales vigentes en torno a los derechos políticos. Luego, en la medida en que la jurisprudencia es la que fija el norte interpretativo de las normas que se describirán, se hará un análisis de casos con el propósito de saber, en la actualidad, cómo se deben proteger los derechos políticos por parte de los estados parte del sistema interamericano de derechos humanos. Finalmente se hará el proceso argumentativo que concluirá afirmando que las normas colombianas no se ajustan a los estándares de derechos humanos de la Corte Interamericana de derechos humanos.
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