Este artículo propone hacer una reflexión entre lo pactado y lo implementado del acuerdo de paz (AP) firmado en noviembre de 2016; específicamente lo que respecta a las 130 medidas que transversalizan el enfoque de género en los seis puntos de los acuerdos. Para ello, se hizo una revisión bibliográfica de varios documentos publicados por organismos institucionales que plasman información de lo pactado e implementado. Por ejemplo, el CONPES 3932, el Plan Marco de Implementación (PMI),
el documento final del AP, los informes del Instituto Kroc sobre los balances de la implementación, el informe del grupo Género y Paz (GPAZ),
y las conclusiones del Encuentro Nacional de Mujeres en Proceso de Reincorporación, Farianas y Diversidad ocurrido en el 2019. Una reflexión importante de esta primera aproximación es la evidente falta de voluntad del partido del gobierno actual en la implementación del AP, desconociendo que la paz es un derecho constitucional y que lo pactado no es un asunto solo del gobierno, sino que debe ser una política de Estado.
Pensando la paz en tiempos de posconflicto. Horizontes y reflexiones sobre el acuerdo de paz colombiano es el resultado de investigación que se imbrica en el trabajo juicioso y arriesgado que se desarrolla desde la línea de investigación en desarrollo, territorio y gobierno del Grupo de Investigación Observatorio Público del Tecnológico de Antioquia y la línea de investigación en competitividad, innovación empresarial y emprendimiento del Grupo de Investigaciones Sectoriales Empresariales y Desarrollo Económico GISEDE de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de Boyacá, se piensa desde el desarrollo del territorio y con la firme convicción de la paz.
A partir de una perspectiva feminista, este artículo plantea que la propuesta de Reforma Rural Integral (RRI) puede contribuir a mejorar las desigualdades epistémicas entre hombres y mujeres dentro del contexto rural. Se revisó cómo ha avanzado la implementación de esta reforma pactada como parte del Acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano. Para ello se construyó la Matriz IMEG-Paz, en la cual se identificaron las medidas con perspectiva de género incluidas en la RRI y se les dio seguimiento por medio de la triangulación de la información obtenida en una amplia revisión documental. Hasta el momento, preocupan los limitados avances en los tres puntos que la conforman. Estos avances se han centrado hasta el momento en la adecuación institucional y normativa, más que en la materialización en la vida de las mujeres. También preocupa la falta de una estrategia clara que permita hacer el monitoreo a la implementación del Acuerdo final con enfoque de género, especialmente en su condición territorial.
El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado en noviembre de 2016, entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas —Ejército del Pueblo (FARC-EP), representa para la sociedad colombiana la posibilidad de construir un país incluyente, democrático y, sobre todo, en donde las acciones violentas producto de la guerra, no sean más las protagonistas. Uno de los elementos que se destacan del Acuerdo Paz (AP), es la transversalización de la perspectiva de género en los seis puntos pactados, hecho que se configura como un aporte al trabajo para la erradicación de las violencias simbólicas, culturales y estructurales que sufren las mujeres por su condición. Este hecho es uno de los desafíos de la implementación del acuerdo, ya que supone superar elementos de la violencia directa producto del conflicto, como también propone la superación o al menos trabajar en la reducción de las violencias culturales y estructurales.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.