<p>Se pretende hacer un estudio de la obligación a cargo del Estado Colombiano de restituir las tierras que les han sido arrebatadas a los desplazados-víctimas del conflicto armado, como parte de la obligación de reparación integral.</p><p>Dentro de éste contexto se analizará el problema del desplazamiento forzado interno en Colombia a partir de sus antecedentes e identificación de los derechos de los desplazados y la regulación y jurisprudencia que se ha expedido en la materia. Así mismo, se analizará la normatividad que regula la reparación integral a las víctimas y específicamente la restitución de tierras, contenida en la Ley 1448 de 2011, con el fin de identificar sus principales componentes y las expectativas y retos que conlleva su aplicación práctica, para que no sea simplemente un derecho consagrado en la Ley como mera ilusión de las víctimas, sino una realidad que materialice la justicia.</p>

El presente artículo expone un análisis cuyo propósito es determinar la repercusión de la publicidad engañosa en los derechos de los consumidores en Colombia; para ello se estudian los requisitos que la configuran con sustento en conceptos y jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) identificando los factores de imputación de la conducta; la noción de consumidor medio y las causales de exoneración aplicables. Posteriormente, se estudia el procedimiento que adelanta la SIC en ejercicio de sus funciones administrativas, describiendo las medidas preventivas, los criterios para imponer sanciones, y los recursos que obran contra estás decisiones.

<p>A partir de un análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial, el presente artículo pretende establecer el alcance o ámbito de aplicación que ostenta la ley 1480/2011, actual Estatuto del Consumidor, en relación con la prestación de los servicios de salud. Para ello se estudiará la compatibilidad que aguarda con el régimen especial del sistema de seguridad social en salud, tomando como punto de referencia la premisa impuesta por el mismo Estatuto que apunta a la subsidiariedad de su aplicación ante la prevalencia del régimen especial existente. Las implicaciones que directa o indirectamente pudiera tener el Estatuto sobre la materia, se estudiarán a la luz de diferentes normas que atañen al sector salud desde diferentes niveles de complejidad, abarcando el análisis de disposiciones ordinarias y de normas de rango constitucional.</p>

Los riesgos jurídicos que asume el empresario relacionados con los contratos que celebra, se encuentran tanto en el antes como en el después de su ejecución, esto es, tanto en la etapa precontractual, como en la etapa post contractual del negocio jurídico celebrado, particularmente, llaman la atención los contratos de ejecución diferida donde el paso de tiempo crea incertidumbres que ante un incumplimiento acarrea costos que necesariamente rompen el equilibrio contractual de los contratantes.Es así como se hace necesario entender que los contratos de ejecución diferida tienen riesgos, los cuales deben y pueden minimizarse con incentivos y remedios ante posibles e imprevistos incumplimientos. Los riesgos conllevan costos; los costos de transacción contienen tanto los contables como los económicos, los primeros se refieren a los históricos, mientras que los segundos al futuro. Los costos de oportunidad que se encuentran dentro de los rubros económicos, dan lugar al beneficio sacrificado por no realizar otra actividad.

Con sustento en el rediseño que tuvo la prestación de los servicios de salud a partir de una visión económica de los mismos y las consecuencias que ello acarrea; el presente escrito expondrá si en efecto existe un régimen más garantista de los derechos que como consumidor detenta quien es usuario de los servicios de salud, a quien a falta de regulación en el estatuto general, por vía de otras alternativas, se le han salvaguardado todas sus facultades; en comparación con la regulación ofrecida para los consumidores de otro tipo de servicios. Para ello y a través de una metodología teórica de corte analítico, se identificará la afinidad y disparidad normativa, determinándose que en la actualidad coexisten regímenes que se complementan en procura del bienestar de los pacientes-consumidores.