La provincia de Jujuy ha sido mirada, dentro de la formación del Estado argentino, como una de las jurisdicciones dominadas y sometidas a la centralidad porteña, igual que el resto del territorio de las Provincias Unidas. Este trabajo se propone recuperar la agencia de los actores locales y antes que asumir la completa subordinación de éstos a las decisiones de la nación, se parte del supuesto que la política educativa fue resultado, tanto de decisiones del poder central, como de medidas tomadas a nivel local, en una relación de influencias mutuas y constante dinamismo. Esta tesis tiene por objetivo general analizar la conformación y configuración de la burocracia educativa y el proceso de profesionalización del magisterio en la provincia de Jujuy entre 1840 y 1920. Dentro de este propósito, se estudiarán las trayectorias individuales y colectivas de quienes accedieron a los altos cargos de la burocracia; la legislación que organiza y orienta las acciones de los funcionarios; la estructura institucional en la que se inscriben; el contexto económico, social y político más general del cual los funcionarios forman parte y que afecta su desempeño en el Estado; y las actitudes y comportamientos de esos funcionarios estatales. Asimismo, respecto al proceso de profesionalización del magisterio, se caracterizarán el tipo de instituciones destinadas a la formación docente que se fueron creando y los títulos que se fueron otorgando entre 1840 y 1920; las relaciones de género en la configuración de las trayectorias individuales y colectivas de este grupo profesional de preceptores/as, maestros/as y profesores/as; de qué manera el desarrollo de las agendas políticas nacionales influyeron en los sujetos e instituciones locales; y la forma en que el grupo profesional de los normalistas se configura y se pone en interlocución con otros grupos profesionales que pugnan por hacerse del monopolio de los saberes y prácticas socialmente reconocidas por y ante distintos actores estatales. En base a lo expuesto, se seguirá la hipótesis general que intentará mostrar que, tanto la composición y configuración de la burocracia educativa como el proceso de profesionalización del magisterio, pueden ser divididos en dos etapas, dentro de las cuales se identifican tanto rupturas como continuidades: la primera, que va de 1840 a 1879, estuvo marcada por una alta inestabilidad económica, política y social. En este contexto, se verá cómo el Poder Ejecutivo provincial tomaba las decisiones más importantes de la política educativa, sancionando los primeros reglamentos de escuela, y regulando el nombramiento de preceptores/as e inspectores/as, con la colaboración activa de los representantes de los ejecutivos locales (intendentes y concejales), de los integrantes de las familias tradicionales de la capital y el interior de la provincia, y de los miembros de la Iglesia Católica, que crearon las primeras instituciones de formación para mujeres; al tiempo que los varones egresados del Colegio Nacional, fundado en estos años (1869), iban integrándose a las estructuras de poder local, consolidándose paulatinamente como un grupo profesional -el de los “doctores”- que disputaría a los normalistas los mismos cargos de la burocracia provincial. Con relación a la segunda etapa, (1880-1920), mostraremos que estuvo signada por la creación de dependencias y cargos estatales nacionales, antes y después de la sanción de la Ley 1.420 de 1884, y por cierta estabilidad política y prosperidad económica relativa. Se observará que las instituciones que mayor impacto tuvieron en la profesionalización del magisterio fueron las dos Escuelas Normales creadas en 1884 y 1887, y con ellas, la llegada de maestros, maestras y profesores de la Escuela Normal de Paraná y de otras provincias como Catamarca y Tucumán. De este grupo, los hombres pasaron a ocupar los nuevos y antiguos cargos nacionales y provinciales como los de Inspección, la Comisión Central de Educación (1883) y en el Consejo General de Educación (1893) (vocales y presidentes), puestos que debieron compartir con el grupo profesional de los abogados y médicos. En esta etapa, la burocracia educativa logró alguna autonomía relativa y fue configurándose a partir de nuevos reglamentos, normativas y regulaciones de distinto tipo, que fueron elaborados por los inspectores nacionales y vocales del Consejo, que, si bien algunos estaban vinculados al poder económico y político tradicional, resultaban agentes que, tanto reproducían la normativa nacional, como también introducían sus propias iniciativas, con distinto éxito. En el nivel de los Consejos Escolares municipales, se observa una continuidad respecto a la etapa anterior, donde sus miembros seguían siendo elegidos entre las familias que detentaban el poder económico local.
