Un enemigo invisible ha estado atacando a la humanidad desde finales del año 2019 y aún no ha logrado subyugarse a plenitud, a pesar de que mundialmente se tiene la opción de la vacunación como medida de enfrentamiento directo. En este sentido, los entes gubernamentales han direccionado acciones para abordar las consecuencias de carácter monetario que deja a su paso la COVID-19. El objetivo central de este artículo es describir los cambios en política social, laboral e impositiva aplicadas por el Estado colombiano para la recuperación empresarial ante la crisis que ha generado la COVID-19. Metodológicamente, se aplicó la observación directa del espectro noticioso nacional y la revisión de documentos formales emitidos por la Presidencia de la República y los Ministerios en atención a lo propuesto por el Estado colombiano en materia de asistencia social, laboral y tributaria soportada en decretos, leyes, resoluciones en ocasión de la vivencia puntual de la COVID-19 y el abordaje de ciertos efectos económico–financieros a nivel del ciudadano y de los empresarios. Se encontró que las primeras medidas tomadas fueron de orden tributario, seguidamente lo concerniente al tema laboral en ocasión de tratar de preservar los empleos formales y el desarrollo de las actividades con medidas en materia de bioseguridad, asimismo los planes propuestos de asistencia social para beneficiar a comunidades pobres y vulnerables. Se concluye que la adopción de estas medidas transitorias no sólo va en beneficio de las empresas, sino que buscan proteger a los ciudadanos.

Este documento tiene como objetivo analizar las prácticas presentes en los informes de sostenibilidad y las estrategias de comunicación implementadas en 4 grupos económicos en Colombia. Para lograr este objetivo se tomó como referencia la teoría de las partes interesada y los planteamientos realizados por (Correa, 2018). En el desarrollo de la investigación se realizó un análisis de contenido en los informes de sostenibilidad presentados durante los años 2017 hasta el año 2019. Se logra concluir que los informes promueven una comunicación fluida con algunas de las partes interesadas, en términos de la toma de decisiones, gestión sostenible y creación de valor compartido; se evidencia un marcado énfasis en dos actores (los trabajadores y los inversionistas) y no hay consenso en la forma de revelar la información entre grupos económicos.