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La constante politización (y polarización) de ciertos problemas entre la República Dominicana y Haití, ha convertido algunas diferencias en contiendas irreconciliables en ambos lados de la isla. En el lado dominicano, las confrontaciones han alcanzado proporciones repudiables al menos dos veces, específicamente durante la Masacre de 1937 y la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional. La primera supuso la exterminación de al menos 20,000 personas haitianas o de ascendencia haitiana en comunidades fronterizas en la República Dominicana, y la última se tradujo en la privación de nacionalidad a cientos de miles de individuos de ascendencia haitiana nacidos en la República Dominicana. La desnacionalización de las personas de ascendencia haitiana fue mitigada por el hecho de que el presidente dominicano Danilo Medina aprobó una Ley de Naturalización e inició un Plan Nacional de Regularización. Tomando la República Dominicana como un caso de estudio para explorar la relación entre desnacionalización y apatridia con la condición de refugio, llegamos a la conclusión de que la privación de nacionalidad y la desnacionalización, no siempre equivalen a la persecución estatal, excepto en los casos que resultaron en expulsiones del país de anterior residencia habitual”. Dos puntos específicos dieron forma a esta conclusión: primero, el acto de desnacionalización y expulsión parece haberse sustentado en razones de raza y origen nacional (anterior); y el hecho de que las personas removidas de la República Dominicana por la fuerza, no estarán en capacidad de regresar legalmente a su país de nacimiento sin enfrentar la persecución estatal, ya que el Gobierno dominicano no reconoce a estas personas como nacionales. Esperamos que estos hallazgos beneficien a (ciertos) solicitantes de asilo para defender su derecho a refugio en distintos países de primera entrada donde aún hay casos pendientes.