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La presente investigación tuvo por objetivo dilucidar la veracidad de la cifra de 37.100 “funcionarios públicos” chilenos que, según el Servicio de Impuestos Internos (SII) de dicho país, cobraron indebidamente el beneficio estatal denominado “bono clase media”. En este contexto, también se procedió a evaluar el derecho de acceso a la información que deben cumplir las instituciones públicas según lo estipulado por la Ley 20.285. Por último, se indagó sobre los procedimientos disciplinarios que tomaron las entidades públicas ante los funcionarios que faltaron a la probidad por el cobro indebido. Sobre la estrategia metodológica, se utilizó el método cuantitativo, aplicando una encuesta como mecanismo de recolección de información y el uso de bases de datos oficiales. El análisis de la información fue de carácter estadístico descriptivo. Los principales hallazgos fueron: a) de lo comunicado públicamente por el SII, la cifra se redujo a 29.426 casos (20%), de ellos 10.829 eran funcionarios públicos (37%),  quedando pendientes 18.567 casos (63%), de los que no se pudo determinar si gozaban dicho estatus; b) El ejercicio del derecho de acceso a la información se vio afectado por algunas de las instituciones investigadas por denegación injustificada; c) Se detectó una deficiente gestión y comunicación de datos entre los organismos públicos estudiados; y d) se constató un bajo nivel de sanciones ejecutoriadas en contra de los funcionarios que incurrieron en falta a la probidad al cobrar el bono.

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