Este artículo señala las bondades de la libre competencia para la agenda del actual gobierno nacional. Examina el posible rol de la Superintendencia de Industria y Comercio en la consecución de objetivos de política tales como la justicia económica, social y ambiental. Primero sintetiza los pilares de los bloques de transformación que propone el gobierno; luego muestra que una adecuada aplicación de la política de competencia contribuye a lograr algunos fines sociales como la distribución equitativa de los recursos, la igualdad, la promoción de una economía integrada por pequeñas y medianas empresas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Después, argumenta que la aplicación rigurosa del régimen de competencia es fundamental para mantener la dirección de la agenda económica del país en el próximo cuatrienio y, finalmente, presenta algunas reflexiones derivadas del análisis.