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El presente artículo de investigación analizó la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema carcelario y penitenciario en Colombia, desarrollo de la Corte Constitucional que sirve como remedio y limitación a la violación generalizada de derechos consagrados a nivel constitucional. La Corte, como guardiana de la Constitución, ha desarrollado de manera progresiva en sus sentencias la figura ECI, con la finalidad de obligar a las autoridades colombianas a causar la reconstrucción, reorganización o ajustes de las instituciones penitenciarias, con el fin de poder superar aquellos factores estructurales que pueden ser las causas de un patrón de abusos de las personas en reclusión.

En este artículo se realiza un estudio tanto del modelo de Estado denominado Democracia constitucional adoptado en la gran mayoría de los países de la región latinoamericana, así como del desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana que guarda relación con los pilares de la justicia transicional: justicia, verdad, reparación y no repetición. Para ello, se atiende a una perspectiva analítica, que permite exponer de manera estructurada, aquellas directrices que precisan los alcances de las obligaciones de respeto y garantía que corresponden a los Estados que atraviesan un proceso de transición democrática en la región latinoamericana. Las conclusiones a las que se arriban en esta investigación evidencian la necesidad de crear y fomentar vías jurisprudenciales que permitan el diálogo entre Cortes y los Estados-partes, no como resultado de una obligación sino como tendencia hacia una justiciabilidad directa e inmediata de los derechos humanos en favor de la consolidación de un modelo integral de Estado democrático y constitucional.

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La presente investigación parte de un método histórico-comparativo sobre el estado de derecho y su evolución hasta el siglo XXI, así como de sus implicaciones formales y sustanciales en un contexto de globalización tendiente a la materialización de los derechos humanos, a partir de su exigibilidad en sede jurisdiccional tanto nacional como internacional. Concluyendo que el diálogo entre cortes constitucionales, la incorporación de la figura del estado de cosas inconstitucionales y la adopción de la metodología establecida en el Protocolo de San Salvador, establecen las bases para una adecuada respuesta a los problemas estructurales que tienen lugar en América Latina.