Se busca comprender las respuestas de dos conjuntos de comunidades indígenas que se encuentran a pocos kilómetros de distancia entre sí, poseen tradiciones culturales y contextos institucionales similares, frente a proyectos de explotación de litio. El argumento general sostiene que los distintos encuadres —dependiente o autonomista— que realizan las comunidades activan demandas diferentes —de reconocimiento o redistribución— y generan procesos que producen respuestas divergentes. El estudio se centra en las comunidades de Salinas Grandes y de Olaroz, provincia de Jujuy, entre 2009 y 2016. La estrategia metodológica combina el análisis en profundidad al interior de cada caso y la posterior comparación de los casos. La base empírica del presente trabajo son 50 entrevistas en profundidad realizadas entre 2016 y 2018, que se complementaron con observaciones en terreno

En Argentina las zonas de explotación de litio coinciden mayormente con territorios ancestrales habitados por los pueblos indígenas. La presencia de tales comunidades involucra derechos a la autonomía y la autodeterminación que fácilmente entran en tensión con los intereses del Estado y de las diversas empresas que operan en el territorio. En el presente artículo analizamos las estrategias que despliegan los actores indígenas ante el incumplimiento de derechos constitucionalmente reconocidos. A partir de un estudio realizado en las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, entre 2009 y 2019, se demuestra que frente a derechos constitucionales incumplidos las comunidades indígenas han desplegado una estrategia acumulativa y complementaria sustentada en su derecho a la autodeterminación. El análisis y la información presentada en este trabajo se desprende de dos técnicas de recopilación de datos: el análisis y sistematización de documentos primarios y secundarios y las entrevistas en profundidad a actores del territorio. Se concluye que en un marcado contexto de juridificación las comunidades indígenas emplearon en forma combinada la acción judicial-legal, la acción directa y la acción de reinterpretación comunitaria con el objetivo de exigir sus derechos a decidir el respeto a su territorio, a sus formas de vida y producción, y a su propia subsistencia como comunidad.