La nueva Ley 3/2013 de patrimonio histórico de la comunidad de Madrid, aprobada el pasado verano, y que sustituye a otra que llevaba en vigor 14 años, ha roto el consenso entre partidos, pero también con los profesionales y la sociedad, que había existido en este tipo de procedimientos. La presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de un colectivo de profesionales culmina, por el momento, un accidentado proceso de revisión del texto legislativo.