La CICIG es un modelo único de cooperación para el fortalecimiento del Estado de Derecho que se caracteriza por ser una institución independiente de investigación, que trabaja conforme al ordenamiento jurídico guatemalteco y que depende del sistema judicial del país, promoviendo así el empoderamiento de las instituciones del Estado al trabajar a su lado, demostrando que es posible alcanzar justicia aplicando la legislación interna a través de los tribunales internos. Con ello, la CICIG ha contribuido a empoderar a la ciudadanía y a las instituciones del Estado, generando un clima de confianza. Sin embargo, la CICIG es una institución incómoda para las élites de poder que la perciben como una injerencia en los asuntos internos y que ha destapado la cooptación de las instituciones del Estado. En agosto de 2018, la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG, que finaliza en septiembre de 2019, y de no permitir la entrada al país al comisionado Iván Velásquez para que pueda desarrollar su cargo con normalidad, ha puesto en jaque a la institución y, a su vez, a la estabilidad del país. Es en este punto, que el apoyo de la comunidad internacional deviene indispensable para la lucha contra laimpunidad de Guatemala.En este sentido, las elecciones presidenciales en junio de 2019 serán decisivas para el mantenimiento de la lucha contra la impunidad, la corrupción y la desigualdad del país.

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Las crecientes demandas para que se reconozca internacionalmente el derecho a la memoria tienden a no tener en cuenta el potencial conflicto que puede surgir entre este derecho y otros derechos humanos reconocidos en los procesos de justicia transicional. Tomando como punto de partida la Ley colombiana de Víctimas y Restitución de Tierras, este artículo ofrece un panorama de los derechos (tanto de las víctimas como de los victimarios) que pueden entrar en colisión con un eventual derecho a la memoria –e incluso imponerle restricciones–, y aborda las salvaguardias prácticas en el diseño e implementación de políticas de memoria que resultan necesarias para acomodar los derechos en conflicto.