Resumen: A partir del año 2000, los derechos sociales han ganado protagonismo en nuestros países (los andinos), en la doctrina en general y en los organismos, universal y regional, de protección de los derechos humanos. Éstos, se han enarbolado como aparentes mecanismos de justa nivelación entre la libertad real de cada uno de los individuos y la libertad jurídica que el ordenamiento constitucional y legal les reconoce. En Latinoamérica, debido a los niveles considerables de desigualdad y pobreza se busca un modelo efectivo de derechos sociales amplio y razonable que pueda garantizar realmente la libertad fáctica de todos los ciudadanos por igual. De modo que, no basta la sola imposición de un modelo que llegue a equiparar teóricamente la libertad fáctica o real de todos los ciudadanos sino de uno que asegure además su justiciabilidad a pesar de las implicaciones que aquello conllevaría en la política presupuestaria del Estado. A dicho efecto, parece relevante la creación de una doctrina iberoamericana en derechos sociales, tomando en consideración que un peligro latente que se esconde tras el discurso de tales derechos es la desmovilización social por vía del neopopulismo latino, debiendo proponerse, en tal caso, la construcción de un sistema nacional de protección óptimo con la garantía adicional de los sistemas de protección regional e internacional y su apropiación por parte de la población en la práctica política y jurídica; es decir, un sistema integrado de protección multinivel de los derechos sociales.