El objetivo del estudio es explorar y analizar las acciones de aplicación de la legislación en materia forestal en México por entidad federativa. El estudio revisa bases de datos institucionales públicas y aplica entrevistas a inspectores ambientales. Existen pocas investigaciones que abordan la aplicación de la legislación forestal. La aplicación de la legislación forestal contribuye a vigilar y detectar los crímenes forestales que dañan los ecosistemas y amenazan las especies silvestres. Las tasas de deforestación ilegal hacen pensar que la aplicación de regulaciones forestales en México está lejos de lo que se espera de ella. La cantidad de superficie y las densidades forestales, así como el incremento de la producción forestal, evidencian una gran diversidad de acciones que demandan la aplicación de la ley. En la práctica, se realizan pocas acciones de inspección forestal, existe poco personal y limitado presupuesto institucional para aplicar la ley. Entidades con grandes superficies forestales o alta producción forestal tienen escaso personal para aplicar la ley.

La designación de Áreas Naturales Protegidas representa una estrategia importante dentro de la política ambiental para la conservación de especies. Las áreas protegidas están propensas a acciones humanas externas e internas que ponen en riesgo su conservación. En las estrategias para el fortalecimiento de la política y gestión de áreas protegidas, la aplicación de la ley resulta indispensable. Los inspectores facultados para aplicar la ley ayudan a reducir actividades ilegales dentro de áreas protegidas. Verificar el cumplimiento de la ley de manera continua es crucial para mitigar los impactos negativos dentro de dichas áreas. El presente documento tiene el objetivo de analizar el número de inspectores por superficie territorial de área protegida por entidad federativa. A partir de información recogida en bases de datos de instituciones gubernamentales se identificó, por un lado, una insuficiencia de personal para cubrir la mayor cantidad de superficie territorial de áreas protegidas, y por otro, que el incremento de la superficie territorial de áreas protegidas en muchos casos no va acompañado de un aumento en el número de inspectores. Entidades federativas con mayor superficie de áreas protegidas llegan a tener el mismo o menor número de inspectores para vigilar el cumplimiento de la ley que entidades con extensiones más reducidas.

El derecho ambiental saca al derecho de su discurso tradicional positivista y lo expone en el diverso y complejo escenario natural. Las leyes ambientales se encuentran entre la paradoja de la ecología y la postura legal. Las regulaciones establecen discursos oficiales de lo prohibido, permitido y obligatorio. México cuenta con regulaciones sobre conservación y aprovechamiento de fauna silvestre. La continua extinción, tráfico y modo de aprovechamiento de la fauna motivan a cuestionar el contenido de las leyes. Con base en el análisis crítico del discurso,

La buena gobernanza forestal incluye estrategias de aplicación y vigilancia de la legislación. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es la responsable de vigilar el cumplimiento de la legislación forestal en México, con delegaciones distribuidas dentro del territorio. Los inspectores son quienes realizan las tareas de inspección en campo, pero son poco estudiados. Se desconocen las condiciones de accesibilidad geográfica en las que trabajan para llegar a las zonas forestales del país, y que podrían limitar la vigilancia de ley. A través de la geografía, es posible estudiar la gestión ambiental al tomar en cuenta elementos de la sociedad, naturaleza y sus interrelaciones. Con datos de ubicación de las zonas forestales por entidad, número de delegaciones y trazos de rutas, el estudio se enfocó en evaluar la accesibilidad geográfica, en términos del tiempo, distancia y costos, que los inspectores de las delegaciones de la Profepa requieren para acceder a zonas forestales y áreas protegidas. Si bien se apreció la existencia de al menos una delegación por entidad federativa, estas se encuentran ubicadas en áreas urbanas, desde donde los inspectores pueden tardar hasta seis horas para llegar a zonas forestales y aplicar la ley, lo que limita la pronta vigilancia de las áreas forestales y protegidas del país.

El concepto desarrollo sustentable trajo una ideología ambiental global que llevó a crear, reformar e implementar leyes ambientales. En México, la ideología internacional de desarrollo sustentable fue tomada por gobiernos como base para crear y reformar sus leyes. Las ideologías ambientales son sistemas de creencias que regulan la actitud y el comportamiento de las relaciones humanas con la naturaleza. Existen ideologías en el derecho ambiental internacional y nacional, así como en los actores involucrados. Al aplicar la legislación, la ideología ambiental “oficial” puede ser ajena, sobre todo a actores locales. Locatarios con ideología propia, e incluso generacional, sobre la conservación y aprovechado de la naturaleza. La diferencia ideológica dificulta la aplicación de la legislación, sanciona acciones locales que van contra la ideología “oficial” y pretende moldear conductas. Al analizar documentos oficiales y revisar bases de datos, el estudio reflexiona y analiza las ideologías ambientales concurrentes en la legislación ambiental mexicana, con énfasis en la inclusión de ideologías locales. Se apreció una ideología ambiental “oficial” dominante, antropocéntrica/occidentalizada, principalmente proveniente de grupos de poder, que busca imponerse a ideologías locales.