RESUMEN:El archipiélago de las islas Chafarinas es el más oriental de los territorios españoles en el norte de África. Comparte con el resto de peñones e islas el hecho de estar fuera del marco de administración territorial descentralizada de España y depender directamente de la administración central del Estado. Como el resto de territorios españoles en África (incluyendo Ceuta y Melilla) es objeto de reclamación territorial de Marruecos desde su independencia. Sus espacios marítimos, como el resto de territorios españoles en África, no han sido formalmente delimitados en el ordenamiento jurídico interno español.En definitiva, se trata de un territorio con una especial vulnerabilidad objeto de controversias jurídicas y recurrentes crisis políticas con Marruecos.A diferencia del resto de territorios españoles en África cuyos títulos se basan en modos derivativos de adquisición del territorio, su incorporación al territorio nacional se realizó en virtud de un modo originario, la ocupación.Una especial singularidad de este pequeño archipiélago deriva de que la totalidad del mismo es un espacio protegido en el marco del derecho ambiental europeo. El reconocimiento por parte de la Comisión Europea de alguna manera supone un refuerzo para las posiciones españolas. A su vez, los valores ambientales del territorio proporcionan oportunidades de cooperación transfronteriza con Marruecos, pudiendo utilizar potenciales instrumentos de generación de confianza mutua, que deben partir de la posibilidad de que cada parte pueda salvaguardar sus posiciones jurídicas de partida.
El estrecho de Gibraltar es un espacio marino singular con un extraordinario valor ambiental motivado por sus condicionantes geofísicos y como punto de encuentro de dos mares y dos continentes. Esta zona está siendo devastada por la presencia de un alga invasora procedente de Asia, denominada Rugulopterix okamurae con una capacidad de adaptación y crecimiento explosivo que ha sorprendido a la comunidad científica. Esta alga no solo afecta a los equilibrios ecológicos, sino también a actividades económicas fundamentales en el territorio como la pesca y el turismo, poniendo en peligro, incluso, la salud pública.
Todos los indicios apuntan a que la introducción del alga invasora se produjo a través de alguna descarga de agua de lastre. El Convenio para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques (BWM) es el instrumento internacional clave en la lucha contra la dispersión de especies invasoras, uno de los grandes problemas ecológicos del mundo. Este convenio presenta ciertas dificultades de aplicación, que son especialmente visibles en el área del estrecho de Gibraltar. Esta zona se caracteriza por una alta conflictividad jurídica y política entre los Estados presentes en la región, no existiendo delimitaciones consensuadas de los espacios marinos. Adicionalmente, como paso estratégico para la navegación internacional, el estrecho presenta un régimen jurídico particular previsto en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que limita las facultades de los Estados ribereños.
El estrecho de Gibraltar es un espacio geográfico singular. Vía de comunicación entre el Mediterráneo y el océano Atlántico, es el lugar de encuentro de dos continentes. Sus especiales características determinan la existencia de un área marina extraordinariamente valiosa con una rica diversidad, además de ser una ruta privilegiada de migración de aves y especies marinas. Sobre esa área, de enorme importancia geoestratégica, se proyecta un conjunto de controversias políticas y jurídicas de los tres Estados presentes en la zona, España, Marruecos y el Reino Unido a través de Gibraltar. Como consecuencia, no existen acuerdos de delimitación marítima ni esquemas de cooperación transfronteriza. La protección medioambiental depende fundamentalmente de los ordenamientos internos de los Estados, no existiendo ninguna área marina protegida de acuerdo con alguna de las posibilidades existentes en la normativa medioambiental internacional. No obstante, si existen varias zonas incluidas en la red europea Natura 2000 bajo responsabilidad española y británica que presentan ciertas discontinuidades y un llamativo solapamiento.
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