This article analyses the constitutional crisis that was triggered in Chile by the events of 18 October 2019. The purpose is to explain the link between the constitution and social unrest and to explore whether a constituent process, such as the one designed in Chile, has the potential to address the unrest that produced it. The failed experience of Bachelet’s constituent process and the Latin American reform processes of the last thirty years show the threats and challenges of the future Chilean constitution.

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The articles of this collection are part of the project REDI170323 funded by the Chilean Agency of Research and Development (ANID).

La importancia general que las encuestas electorales han adquirido y el impacto particular que se ha identificado que tienen en el periodo preelectoral han llevado a su regulación jurídica. Ello ha generado una discusión en torno a cuál es la regulación más adecuada para considerar los diferentes intereses en juego. El presente trabajo busca analizar críticamente la actual forma de regulación en el derecho comparado que, por un lado, establece un periodo blackout para la publicación de encuestas y, por otro, establece la obligación de disclosure para la comprensión y evaluación de los resultados de las encuestas. Se revisa el derecho comparado de forma panorámica y se ahonda en los casos de Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Colombia y Chile. Se observa que las obligaciones de disclosure son menos problemáticas que el blackout en la medida que afecta de manera más tenue a las libertades de expresión e información. Sin embargo, al introducir algunos elementos teóricos que podrían servir para calificar y comprender mejor los intereses en juego, a saber, la libertad de expresión y el correcto funcionamiento de la democracia, se identifica una justificación robusta y satisfactoria no sólo para el disclosure sino también para el blackout.

Este artículo analiza la capacidad del derecho a la verdad para contribuir al esclarecimiento de la verdad histórica y a la construcción de la memoria colectiva tras períodos de violencia excepcional. Para hacerlo distingue dos dimensiones de este derecho. La primera es aquella que busca reconstruir el pasado mediante el proceso penal, identificando responsables y resarciendo el daño ocasionado a las víctimas. La segunda se refiere a un conjunto de prácticas y normas que buscan consolidar el respeto a la memoria colectiva por medio de la producción y circulación de discursos acerca del pasado en la esfera pública. El propósito es demostrar que mientras la primera dimensión privatiza una práctica (la construcción de la memoria colectiva) que es esencialmente política, la segunda hace que dicha práctica sea posible. Derecho a la verdad-memoria colectiva-justicia transicional-libertad de expresión