La presente obra presenta un conjunto de reflexiones y argumentos visibles de las diferentes alteraciones del orden, que vulneran los derechos humanos de la colectividad; se pretende con este texto reflexionar sobre la necesidad de adoptar medidas para prevenir y combatir con eficiencia los desmanes que se producen por las organizaciones y grupos criminales tanto en América Latina como en nuestro territorio. Se muestra una disertación y discusión teórica y una contrastación empírica de diferentes temas que guardan relación con las políticas públicas y políticas criminales para combatir la inseguridad y las consecuencias que genera la actuación de las organizaciones criminales; corrupción, sicariatos, violencia callejera y cancelaria, tráfico de sustancias ilícitas, entre otras. Es justo asumir que América Latina es el territorio más violento y que exhibe altos niveles de corrupción e impunidad.

La presente investigación se planteó como objetivo general analizar jurídicamente la transgresión del principio Non Bis In Ídem en sanciones por actividad minera ilegal en Ecuador. Se suscribe desde el paradigma cuantitativo, así mismo desde el apoyo de investigación documental-bibliográfica. Debido a que se revisaron los presupuestos legales previstos en la legislación ecuatoriana respecto a la variable de investigación logrando determinar la transgresión del principio non bis in ídem, en que incurre el ordenamiento jurídico ecuatoriano en materia de explotación ilícita de minerales. Se concluye que, la doctrina en materia del principio de non bis in ídem es muy clara, se prohíbe la doble sanción, aun cuando haya concurrencia de un delito y una infracción administrativa, sin embargo, en relación a la perpetración del delito Explotación Ilícita de Minerales, el ordenamiento jurídico del Ecuador impone sanciones de índole penal, civil, administrativa y hasta ambiental, que constituye un avance del derecho.

El presente libro es inspirado en el marco de las convenciones sociales y sus consecuencias, cobra especial énfasis en materia jurídico penal la Teoría de la Pena, ya que a partir de la determinación de una sanción, el común de las personas parecen confundirla con los fines de lo justo o de lo injusto, por ello es que decimos que la labor de individualización de una pena particular y específica adecuada al índice de reprochabilidad, constituye también la redacción de un discurso que debe resultar igualmente legitimado por la sociedad.

El objetivo general de la presente investigación fue determinar los derechos de los consumidores del servicio eléctrico en tiempos de pandemia en Ecuador. El trabajo de investigación se planteó a partir del enfoque cuantitativo, mediante la indagación, recolección y análisis crítico documental y referencial bibliográfico, basándose en la revisión metódica, rigurosa y profunda de diversas fuentes documentales tales como investigaciones científicas, artículos periodísticos, trabajos arbitrados entre otros. Como resultado, se indica que los consumidores del Ecuador, cuentan con diversa normativa que busca protegerlos de los abusos que pudieren existir en sus relaciones comerciales con sus proveedores de servicios. Se concluye que, para garantizar la tutela judicial efectiva a favor de los consumidores, es necesario que, además de la tipificación y sanción de la conducta ilegal e ilegítima de facturación excesiva de consumo del servicio de energía eléctrica, se implemente un procedimiento célere que permita la atención inmediata de estos casos.

El objetivo general de la presente investigación fue analizar el control de los procesos de construcción de obras públicas para la preservación del ecosistema. La misma se desarrolló desde el paradigma cuantitativo de tipo documental-bibliográfico. En la investigación se examinaron documentos legales, normas y convenios extrayendo información relevante, se realizaron análisis contribuyendo a la obtención de información distinguida. Se concluye que, en los procesos de contratación de obras públicas que este inmerso el medio ambiente, debe existir un control desde la fase preparatoria y precontractual, en donde se permita la autorización de las entidades sujetas a esta actividad, como lo son: el Ministerio de Ambiente y Defensoría del Pueblo, para que  pase a las siguientes fases contractual, y de ejecución y determinar si los recursos públicos proporcionados por el Estado, a los niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados cumple con su objetivo institucional, y además sujeta a las disposiciones legales ambientales.