El planteamiento metodológico de este estudio, consistente en analizar la oposición de los paradigmas pragmático e idealista aplicados al problema de la regularización de la prostitución, sirve para vislumbrar dos puntos de partida distintos. Desde la perspectiva pragmática, que se sitúa en el ámbito de una hipótesis teórica de corte liberal, se enfocan bajo una nueva luz las relaciones entre lo jurídico y lo moral. De este modo, el claro predominio de la libertad individual en las relaciones jurídicas hace innecesario el recurso a valores éticos o concepciones religiosas. En este modelo, el derecho individual encuentra su limitación tan solo en la contradicción manifiesta con los intereses públicos (la seguridad y la salud), interpretados de la manera más restringida posible. Resulta evidente que el modelo pragmático permite incluir la relación entre la persona prostituida y el cliente, con o sin el intermediario, en el sistema de las relaciones jurídico-laborales. Por otro lado, el paradigma idealista sigue buscando el apoyo tradicional en valores compartidos por la sociedad, y exige una mayor intervención estatal para asegurarlos jurídicamente. En ese modelo, adquiere un papel central el Estado social e intervencionista, que defiende el interés colectivo frente al individual y restringe la libertad de la persona, llegando al extremo de protegerla contra sí misma. En definitiva, la perspectiva idealista asume la crítica del fenómeno de la prostitución como una práctica socialmente intolerable, y proclama la lucha contra esta. Por tanto, no admite la prostitución como una actividad profesional bajo ningún fundamento jurídico.

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La primera parte del volumen 10, número 2, de Lex Social, Revista jurídica de los derechos sociales, incorpora una selección de estudios de autores españoles y extranjeros de gran prestigio en el ámbito del Derecho internacional y europeo del trabajo, que han participado en el proyecto de investigación Empresas multinacionales y normas internacionales del trabajo. Especial referencia a la situación en España (DER2016-77973-R)

Para analizar la problemática de la responsabilidad de las empresas multinacionales por la vulneración de los estándares laborales, el artículo sigue el esquema conceptual de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos. El centro de gravedad del sistema es el deber del Estado de proteger los derechos humanos en el trabajo, que incluye también el de exigir la responsabilidad a las empresas multinacionales y el de garantizar a los trabajadores el derecho a medidas de reparación adecuadas. Las empresas multinacionales tienen el deber de respetar los derechos humanos básicos en el trabajo, actuando con una diligencia razonable, y los poderes del Estado pueden y deber actuar para protegerlos, cuando las empresas multinacionales tienen la sede o llevan a cabo actividades en su jurisdicción, aun a falta de un instrumento jurídicamente vinculante, en el plano internacional universal o regional, o de una directiva de la Unión Europea, o de una regulación de derecho interno. Con todo, resultan insuficientes por ahora, y es previsible que lo sigan siendo en un futuro inmediato, los instrumentos jurídicos para imponer sanciones administrativas, o para exigir la responsabilidad penal y civil o laboral de las empresas multinacionales que vulneran los derechos laborales básicos.

El concepto-ético jurídico de trabajo decente, que promueve la OIT desde 1999 e institucionaliza la Declaración de la OIT de 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Dos ideas fundamentales resumen la respuesta de la OIT a la globalización y la crisis económica, y sirven de parámetro para examinar los progresos logrados en la consecución de ese objetivo de desarrollo sostenible y la coherencia de las últimas reformas laborales con los estándares que establece la Organización: proteger los derechos de los trabajadores y situar el empleo y la protección social en el eje de las políticas. En el marco de sus competencias, el Defensor del Pueblo puede contribuir a la promoción del trabajo decente, un objetivo de desarrollo sostenible cuya consecución es todavía lejana, incluso en los países más avanzados.