En el presente artículo, se aborda la  conceptualización de las políticas públicas tomadas como aquellas acciones que son planteadas por el poder público con el fin de atender una situación en particular y tratar de brindar una solución eficiente a la comunidad, las cuales son necesarias para atender la problemática suscitada a causa del incremento de la presencia del cáncer en la población, por lo cual se propone la creación de una política pública que vaya dirigida a la prevención y el control del cáncer en la población, la cual se debe implementar en cada Estado.

En la sociedad ecuatoriana, a partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal del año 2014, se creó una cultura de reclamo hacia muchos galenos, contra quienes se acciona principalmente por la vía penal, por lo que es necesario para la realización de la justicia (como fin), poder delimitar de manera objetiva la responsabilidad (imputación objetiva) concretando el análisis de lo anotado al campo de la omisión de un deber específico, por alejar la conducta debida de la norma imperativa. Ante lo anotado, es fundamental realizar un examen de responsabilidad jurídico penal de la conducta del profesional médico, a través de la imputación objetiva para atribuir la responsabilidad por la conducta omisiva ante la concreción de un resultado que genere daño en un bien jurídico. Se requiere la certeza de que la conducta será investigada con objetividad, permitiendo que el ejercicio de la actividad profesional se desempeñe con confianza.

La salud y los seguros privados en Ecuador son dos temas que, debido a nuestras construcciones sociales, no se han analizado conjuntamente, sino más bien de manera aislada. La salud, pese a ser reconocida como un derecho fundamental, es entendida por la sociedad como un servicio público, edificado sobre corrientes legislativas que lejos de ser técnicas, se han convertido en canales de ejercicios ideológicos. Los seguros, han sido concebidos bajo dos acepciones: la primera, dada la naturaleza jurídica del contrato en el que se origina, como una actividad económica; y la segunda, entendiendo su objetivo, supone admitirlo como un mecanismo de protección patrimonial. Es necesario, por lo tanto, armonizar la actualidad normativa de estas ramas, para proponer, como ya se ha hecho sana costumbre en otras legislaciones, a la salud como un objetivo de primordial interés para la industria aseguradora.