ReSumen: El trabajo es un estudio crítico a la reciente reforma del artículo 135 de la Constitución española, en la que se constitucionaliza el principio de equilibrio presupuestario y la limitación del gasto público. El trabajo consta de cuatro apartados: el primero realiza una aproximación cronológica de la crisis de la deuda en la zona euro y de la reforma del artículo 135 de la Constitución; el segundo presenta las novedades que contiene el vigente artículo 135; el tercero desarrolla el análisis crítico de la reforma constitucional de 2011 (y ello, en torno a cuatro ejes: contenido, procedimiento, tiempo y propósito y trascendencia de la reforma); el cuarto concluye con una serie de consideraciones finales.
Este trabajo tiene como objeto los retos del Derecho constitucional al respecto de la informática, en general, y de la inteligencia artificial, en especial. Los riesgos que para la humanidad ya se predican en relación con la inteligencia artificial exigen de los constitucionalistas que afronten tal cuestión. Siguiendo la estela de la ciencia ficción, nos planteamos cómo abordar constitucionalmente evitar los riesgos que para la humanidad puede suponer la inteligencia artificial, pero ello sin obviar su potencial dimensión positiva para el progreso humano. En este sentido, se parte de la experiencia constitucional existente sobre la tecnología y la informática, para luego concretar en la inteligencia artificial.
Este trabajo estudia cómo se ha gestionado la crisis sanitaria del COVID-19 en España, como la posterior crisis social y económica que se ha generado. Y ello, especialmente, al respecto del estado de alarma declarado por el Gobierno español. En este sentido, primero se expone el marco jurídico relativo a la salud pública y a los servicios sanitarios en España, para concretar también en el régimen de excepción previsto por la Constitución española. Luego se presenta el estado de alarma declarado en España por el Gobierno central, así como las medidas más relevantes que ha adoptado con relación a la sanidad, a la limitación de derechos (a fin de evitar contagios) y para otras necesidades sociales y económicas. Por último, se advierten las tensiones políticas que la vigente crisis está generando a nivel social y parlamentario, además de en el plano autonómico y europeo.
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