Históricamente, las zonas de frontera han sido espacios para el intercambio comercial y el desarrollo sociocultural entre Estados; sin embargo, un incipiente desarrollo institucio­nal, poderes políticos centralizados y el poco interés en la “periferia” regional, han dejado estos lugares como zonas grises y porosas, apro­vechadas por el crimen organizado y distintos grupos ilegales, los cuales se benefician de la ausencia de una autoridad creíble para cimen­tar estructuras dedicadas a la oferta ilegal y, en algunos casos, reemplazar atributos estatales como el control social y la administración de justicia. En la frontera colombo-venezolana, específicamente en el área de Norte de San­tander y Táchira, el último lustro ha visto una reconfiguración de los actores y las rentas ilíci­tas generada principalmente por la mutación y reorganización territorial de las estructuras armadas ilegales que hacen presencia en el te­rritorio colombiano y, en el caso venezolano, por una serie de complejidades económicas y políticas que han fomentado la criminalización de las fuerzas estatales y su vinculación con el monopolio del mercado ilegal.

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