La literatura reconoce que las condiciones estructurales de vulnerabilidad de las mujeres que se derivan de los roles asociados al cuidado y al trabajo doméstico y de su precarización laboral, entre otros, favorecen el aumento de la violencia en su contra, y esta se exacerba en las condiciones de confinamiento y aislamiento social generadas por la pandemia de la COVID-19. El artículo estudia los mecanismos dispuestos en Bogotá (Colombia) para enfrentar la violencia contra las mujeres y los desafíos que aún se presentan.
El artículo estudia el universo total de sentencias de Justicia y Paz que, entre los años 2010 y junio de 2021, han reconocido la existencia de un patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género, a fin de analizar las formas en las cuales la violencia sexual ha sido abordada en esta experiencia de justicia transicional. El artículo explora cuatro criterios que han tenido en cuenta los tribunales sobre la violencia sexual, para concluir su configuración, o no, como parte de un patrón de violencia de género: 1. La reiteración; 2. La planificación o política; 3. Las finalidades; 4. La motivación de género. Encontramos que, pese a que existe una normativa sobre los criterios para determinar un patrón de macrocriminalidad, al ponerla en marcha para estudiar los asuntos de género, las posiciones de los tribunales no solo son diversas, sino en muchas ocasiones contradictorias. A partir de este estudio el artículo pone en evidencia la importancia de explicitar los motivos de género del patrón y unificar criterios en las iniciativas de justicia transicional, a fin de garantizar adecuadamente los derechos de las víctimas.
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