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None of the forest policies adopted in Peru during the past half century has given the expected results. The policy has often been a mere formality, always preceded by forest legislation, both of which are disconnected. But, the main cause of failure is the persistence in the strategy of transferring natural forest management responsibility to the private sector, despite the evidence that these forests have more present and future value as environmental services than as timber producers. It is proposed that, in the future, the management of natural forests be directly exercised by the State, giving clear priority to environmental services. Logging, if justified, would continue to be the responsibility of the private sector, through public tenders or bids under close social supervision. Several other complementary measures are proposed, including valuation of wood from natural forests, incentives for afforestation, reforestation and management of secondary forests, effective payment for environmental services of standing natural forest, change in the focus on protection forests, review of the current concept of land use classification, provision of effective incentives for forest management on indigenous lands. Administrative arrangements are also proposed to conduct the new policy, entrusting it to the Ministry of the Environment and to the regions, while most matters related to forest plantations must remain in the Agrarian Sector.

Resumen El Perú protege 23.4% de su territorio amazónico bajo diversas categorías de áreas protegidas. La proporción de áreas que pertenece a categorías que permiten la presencia de poblaciones humanas en ellas ha aumentado mucho alcanzando el 55.3 % del área protegida. Un análisis simple de datos disponibles sobre uso de la tierra protegida confirma estudios hechos en la Amazonia brasileña y otros previos en el Perú mostrando que la deforestación en áreas protegidas ha sido en general poco significativa (0.54%). La deforestación total en la Amazonia peruana es oficialmente estimada en 11 %. La deforestación en áreas protegidas de uso directo (con gente) en los cinco departamentos amazónicos es de 1.15% mientras que en las de uso indirecto (sin gente) es de 0.11%, es decir diez veces menor. Eso ocurre pese a que la presión humana es mayor en las zonas de amortiguamiento de las de uso indirecto (10.31% deforestado) que en las de uso directo (7.42% deforestado). La deforestación y la degradación del bosque en áreas protegidas, que pueden ser extremamente significativas, ocurren inclusive en las zonas que deberían ser preservadas de acuerdo al plan de manejo.

Desde sus orígenes, en los años 1960, el sistema de áreas naturales protegidas del Perú ha sido diseñado en función de criterios científicos. La teoría de las zonas de vida natural de L. Holdridge orientó la selección de las primeras áreas protegidas, complementada por informaciones sobre especies endémicas y amenazadas. Posteriormente pasó a usarse la técnica de las evaluaciones ecológicas rápidas. Las áreas protegidas han sido intensamente usadas por científicos como lo demuestra el gran número de investigaciones ecológicas y la alta proporción de especies nuevas descubiertas en ellas, destacando el trabajo realizado en la Estación Ecológica de Cocha Cashu en el Parque Nacional Manu. Pero los resultados han sido poco aprovechados para el manejo de las áreas. Aunque hay conflictos entre la gestión de las áreas protegidas y las necesidades de los científicos, en general existe una relación armoniosa y mutuamente benéfica.

Se presentan los fundamentos de una nueva política para los bosques del Perú como respuesta a su situación, marcada por la deforestación y la degradación, su insignificante aporte al PBI y su incapacidad de abastecer la demanda nacional, a pesar de que los bosques cubren la mayor parte del territorio nacional. Varias políticas, estrategias y planes, así como cinco leyes no resolvieron la situación. Por eso, se propone una reforma radical del sector, incluyendo un enfoque integral y transectorial, como única forma de abordar la deforestación, indicando responsabilidades específi[1]cas de los sectores agrario y de transporte; una nueva definición de patrimonio forestal nacional excluyendo del mismo las llamadas tierras de aptitud forestal y, por ende, descartando el anacrónico concepto de clasificación de tierras por capacidad de uso mayor. Las tierras con bosques naturales no podrán sufrir cambio de uso. En cambio, se propone que el sector agrario titule los campesinos asentados en las tierras de aptitud forestal ya deforestadas y que se acelere el proceso en curso de reconocimiento y titulación de comunidades nativas y campesinas. Además, se propone que ese sector lidere un proceso de intensificación del uso de la tierra ya deforestada mediante el aumento de la productividad agropecuaria. Se determina que la función primordial del patrimonio forestal nacional es la provisión de servicios ambientales y no, como hasta el presente, la producción de madera. Por tanto, se devuelve al Estado la responsabilidad del manejo forestal, ahora encargada a los que aprovechan el recurso forestal. Para asegurar el abastecimiento de madera se estimularán las plantaciones forestales y se propone una serie de medidas políticas y económicas para que éstas, además de suplir la demanda de madera, se conviertan en el motor de la economía y asimismo, contribuyan a aliviar los graves problemas de degradación ambiental. Entre otras medidas se pro[1]ponen cambios en el tratamiento de la fauna silvestre. Se fortifica el apoyo técnico y financiero a los pobladores rurales y a las comunidades nativas y campesinas, para darles mejores oportunidades de aprovechar sosteniblemente los recursos forestales, en parte gracias a la renta generada por los servicios ecosistémicos que proveen. Eso presupone mudanzas importantes en la administración del patrimonio nacional forestal proponiéndose la creación de un Ministerio de los Recursos Natu[1]rales Renovables pero el mantenimiento de la silvicultura en el sector agrario, la promulgación de una nueva ley forestal y de leyes especiales para atender la silvicultura, la fauna silvestre, la titulación de tierras, entre otras. Se trata asimismo de temas de educación, investigación y, finalmente, el de la corrupción en el sector forestal.