La prisión preventiva es la facultad de la Fiscalía General del Estado para exigir a los Jueces de garantías penales que adopten medidas preventivas contra de el imputado con el fin de asegurar que el imputado comparezca al proceso penal, y el cumplimiento de la reparación integral en beneficio de la víctima y la ejecución de la pena. En consecuencia, esta solicitud se la puede realizar en dos momentos, un primer momento en la Audiencia de Flagrancia y un segundo momento en la Audiencia de formulación de cargos, sin embargo, esta solicitud debe ser motivada conforme la necesidad de cada proceso. El estudio se realizó con un enfoque cualitativo-cuantitativo, utilizando métodos analíticos sintéticos, inductivo, como técnica de fichaje y revisión documental. El estudio se realiza mediante recolección de información y tabulación donde se realiza una revisión a los expedientes judiciales y se somete a seis preguntas con respuestas de si o no para realizar una sumatoria y determinar si existe un abuso en la aplicación. En conclusión, la solicitud será concedida o denegada por el Juez de Garantías Penales asignado a la causa. Este reconocimiento debe tener justificación, pues si no existe una motivación de la medida preventiva, se podría establecer una violación al debido proceso penal y al de inocencia por parte del Juez.
Este trabajo de investigación trató la reconstrucción de los hechos dentro de los delitos de tránsito en la legislación ecuatoriana. Esta diligencia dentro de la ley debe tener el carácter de obligatorio y determinar el tiempo para su realización, con la finalidad de conseguir resultados objetivos que permitan contar con una certeza respecto de los hechos que sucedieron durante un siniestro de tránsito, pues no se puede dejar al libre albedrío o discrecionalidad del fiscal para su realización, pues contiene elementos de convicción importantes para la determinación de responsabilidades.
Para la realización de este trabajo de investigación se utilizó el enfoque cualitativo, teniendo un alcance de índole descriptivo-explicativo. Los métodos utilizados fueron el inductivo – deductivo, analítico – sintético y el dogmático jurídico, mismos que permitieron obtener información relevante sobre el problema de investigación.
A través de la revisión bibliográfica, fundamentación teórica y el análisis de casos y datos, se obtuvieron resultados, a través de los cuales, se puede constatar que en aquellos en los casos que no se ha practicado la reconstrucción de los hechos por parte del titular de la acción penal pública, consecuentemente se ha vulnerado de manera evidente el derecho a la defensa de los imputados como parte del debido proceso.
Este trabajo de investigación trató la reconstrucción de los hechos dentro de los delitos de tránsito en la legislación ecuatoriana. Esta diligencia dentro de la ley debe tener el carácter de obligatorio y determinar el tiempo para su realización, con la finalidad de conseguir resultados objetivos que permitan contar con una certeza respecto de los hechos que sucedieron durante un siniestro de tránsito, pues no se puede dejar al libre albedrío o discrecionalidad del fiscal para su realización, pues contiene elementos de convicción importantes para la determinación de responsabilidades.
Para la realización de este trabajo de investigación se utilizó el enfoque cualitativo, teniendo un alcance de índole descriptivo-explicativo. Los métodos utilizados fueron el inductivo – deductivo, analítico – sintético y el dogmático jurídico, mismos que permitieron obtener información relevante sobre el problema de investigación.
A través de la revisión bibliográfica, fundamentación teórica y el análisis de casos y datos, se obtuvieron resultados, a través de los cuales, se puede constatar que en aquellos en los casos que no se ha practicado la reconstrucción de los hechos por parte del titular de la acción penal pública, consecuentemente se ha vulnerado de manera evidente el derecho a la defensa de los imputados como parte del debido proceso.
A través del tiempo la opinión pública ha generado garrafales influencias en la administración de justicia, cada día se han violentado los derechos de los procesados, violaciones que rayan en lo absurdo, en la actualidad este fenómeno ha empeorado con el acceso universal a redes sociales que propagan las noticias con mayor rapidez sin discriminar si esta información ha sido contrastada o no. De esta forma el común de las personas se han generado un criterio sin ningún conocimiento sobre los casos penales y justamente en base a ese criterio se generan cruentos debates en los que por lo general la persona procesada, sin haber concluido aún el proceso penal, ya han sido hallados culpables por la tan vulnerable y manipulable opinión pública. Este articulo pretende de manera general estudiar la percepción de la ciudadanía del proceso mediante el cual esta opinión pública influye en los operadores de justicia y sus decisiones.
La finalidad de este trabajo fue determinar la importancia de la protección del lugar de los hechos y la preservación intacta de la escena del crimen para la orientación de las investigaciones fiscales, ya que solo así, se podrá establecer el móvil de los hechos del cometimiento de uno o más delitos de inviolabilidad de la vida, tales como: homicidio, homicidio culposo, femicidio, asesinato, sicariato, y la relación con los partícipes en la infracción penal. A través del muestreo poblacional de los expedientes fiscales y de DINASED de la Policía Nacional, se ha determinado cuán importante es poder realizar trabajos de campo en una escena del crimen con la preservación de esta de manera correcta; y que en los casos que ha existido estas falencias, las investigaciones fiscales no han tenido la continuidad investigativa respectiva.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.