Este artículo se ocupa del problema jurídico que se suscita en la aplicación de dos normas para el reconocimiento de la asignación de retiro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y así contribuir a una mejor comprensión de un objeto de estudio que merece especial atención. El tiempo mínimo de servicio exigido para alcanzar la prestación de naturaleza económica, mensual y vitalicia luego de finalizar la relación laboral administrativa con el Estado ha sido objeto de modificaciones por el Gobierno nacional mediante leyes y decretos reglamentarios. Estas normas sucesivamente han sido declaradas nulas total o parcialmente por el Consejo de Estado, situación que ha conllevado a que acudan ante las instancias jurisdiccionales en búsqueda de la protección de los derechos que consideran han sido vulnerados. Del análisis normativo y jurisprudencial realizado a los fallos emitidos en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 por los Juzgados Administrativos de Cartagena en primera instancia para reconocer la asignación de retiro surgieron dos tesis. la primera aplica el Decreto 1212/1990 y la segunda el Decreto 1858/2012 y al desatar la segunda instancia el Tribunal Administrativo de Bolívar adoptó una posición intermedia, evidenciándose una interpretación exegética en aplicación de una integración normativa al emplear los dos estatutos. Del estudio del método de interpretación exegético en la aplicación de la ley, los resultados de la investigación indican que el Decreto 1858/2012 se torna como suficiente para resolver el problema jurídico planteado al contener todos los elementos y garantías necesarias para acceder al reconocimiento de la prestación periódica y no incurrir en el fenómeno jurídico de la inescinbilidad de la norma al traer elementos de dos estatutos para una misma solución.